El expresidente de la Corte de Cuentas de la República (CCR), Gregorio Sánchez Trejo, inició el lunes sus funciones como nuevo embajador de El Salvador en Colombia, confirmó ayer la Cancillería.
“Él tiene ya el beneplácito del gobierno de Colombia y solo falta que presente las cartas credenciales”, explicó ayer la Cancillería al confirmar del nombramiento.
El gobierno colombiano no le ha definido fecha para recibirle a Sánchez Trejo esa documentación. Hasta que eso suceda se hará oficial la noticia, dijeron en Cancillería.
Sánchez Trejo viene de dirigir la Corte de Cuentas por dos años, gestión que se vio interrumpida luego de que su nombramiento fuera anulado por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en marzo de 2013.
El Diario de Hoy informó en noviembre pasado sobre el trámite que se daba a ese nombramiento un proceso que el extitular de la Corte de Cuentas no confirmó, es más, dijo que se trataba de un rumor y que él no había sido notificado.
Sin embargo, lamentó que Funde-Alac, que es el capítulo salvadoreño de Transparencia Internacional, cuestionara su nombramiento.
Roberto Burgos, coordinador de Funde-Alac, dijo que no se le podía “premiar” con ese cargo porque no reunía los méritos ni la trayectoria diplomática y no demostró la “probidad suficiente” al negar información pública y oficiosa cuando dirigió la CCR.
Según Burgos, algunos ciudadanos habían llamado a Funde-Alac para “alertarlos” sobre ese nombramiento, al tiempo que se quejaron por esa decisión por parte del gobierno de Mauricio Funes.
“Nosotros consideramos que el señor Sánchez Trejo no es un funcionario que se haya caracterizado por su probidad, pues desde la Alac hicimos sucesivas peticiones de acceso a la información desde el año pasado relativas a los gastos del despacho, a los viajes del señor Sánchez Trejo mientras presidió la Corte de Cuentas”, dijo Burgos a El Diario de Hoy.
El hoy diplomático lamentó los comentarios de Transparencia Internacional en momentos en que se daba “una expectativa” de darle un cargo público en la actual administración.
Manifestó que su “limitante” no fue no haber aclarado que la oficina de información pública estaba en proceso de formación y se encontraban procesando los datos que debían poner a disposición de la ciudadanía. No obstante, se defendió en que dejó ese proyecto avanzado.