El exadministrador de las tiendas institucionales de los Centros Penales, José Juárez, declaró ante la Fiscalía que en su momento cuestionó a los exjefes del sistema penitenciario por la utilización del dinero del fondo de las tiendas de los presidios para financiar la tregua entre las pandillas.
La anterior es parte de las declaraciones que rindió Juárez ante el Ministerio Público sobre la erogación de fondos de Centros Penales para pagarle a mediadores y familias de los pandilleros como parte la llamada tregua, y cuyas grabaciones fueron filtradas a diputados del partido ARENA la semana anterior.
Juárez dijo que les expresó que le preocupaban las consecuencias legales que él podía tener posteriormente por el dinero que entregaba para Raúl Mijango, monseñor Fabio Colindres, cuatro colaboradores y para familiares de pandilleros, según las declaraciones de otros exfuncionarios (ver nota aparte).
Esa preocupación fue externada por Juárez, por separado, al exdirector Nelson Rauda, a y a los entonces subdirector Rodil Hernández y subdirector administrativo José Luis Rodríguez, según se desprende de su declaración.
El exadministrador sostuvo que los tres coincidieron en decirle que “no se preocupara” y que tenía que sacar ese dinero del fondo de las tiendas, porque “se necesitaba tener de alguna manera ese tipo de gastos”.
Juárez, además, les pidió evitar seguir sacando dinero del fondo de las tiendas porque corría el riesgo de ya no alcanzar a pagar a los proveedores o cumplir con otros compromisos financieros.
“Por estar sacando esos cheques, yo dejaba de pagar a un acreedor, a un proveedor con quien puedo comprar y vender otra vez, que estar generándole gastos a la tienda, pero al final tenía que acatar la orden de quien la estaba mandando”, dijo el declarante.
Sostuvo que le parecía extraña la erogación de ese dinero para “labores de inteligencia”, como le denominaban, porque no eran normales para ese rubro.
Explicó que cuando le fue a notificar al ahora director de Centros Penales, Rodil Hernández, sobre el citatorio que tenía de la Fiscalía, este último le recomendó que declarara que “nunca supo para qué eran los cheques”.
Estas investigaciones que está llevando a cabo la Fiscalía buscan establecer las ilegalidades que habrían sido cometidas alrededor de la tregua entre pandillas; además de “una estructura de dentro de Seguridad Pública que habría entregado dinero de forma ilegal en el marco de la tregua pandilleril”.
Le piden “sigilo”
Juárez declaró a la Fiscalía que el exdirector Rauda le pidió en reiteradas oportunidades que mantuviera en secreto la emisión de cheques del fondo de las tiendas de las cárceles, pero otros exfuncionarios han confirmado que ese dinero iba para pagarle a los mediadores, cuatro colaboradores y familiares de pandilleros.
“En esa primera reunión que a mí me convocan fue precisamente para eso, para decirme que eso no debería de saberlo nadie”, dijo Juárez, quien después señala que Rauda le había impuesto la condición de “sigilo y secreto” a esas operaciones.
También, el ahora director de Centros Penales, Rodil Hernández, cuando asumió ese cargo, le pidió a Juárez que manejara con suma confidencialidad las operaciones monetarias que se hacían con el fondo de las tiendas.
Ante la interrogante de los fiscales de que si Rauda le firmaba algún documento de la entrega de ese dinero, el exadministrador dijo que cuando le pidió a Rauda que lo hiciera, él le respondió: “No ¿Cuál es la desconfianza? Si ya lo tengo en mi poder, hasta ahí”.
En otra ocasión, relató que Rauda le ordenó que tenía que emitir otro cheque por 1,500 dólares a nombre del subdirector administrativo José Luis Rodríguez, pero que nunca supo para qué iría destinado. Igual que el cheque de los 2,500 dólares que se les pagaba a los mediadores tenía que ser extendido por “servicios de inteligencia”.
Rodríguez endosaba el cheque, Juárez se iba al banco a cambiarlo y el dinero se lo llevaba a Rauda.
En agosto del 2012, esos 1,500 dólares se incrementaron a 1,750 dólares y además le ordenaron que hiciera una planilla para el pago de cuatro personas más. Las personas que aparecían en la planilla, a propuesta de Raúl Mijango, eran Ana Deisy Sánchez de Escobar (recibía $400), Hortensia Granados de Valle ($600), Edwin Guevara ($350); y otra persona, que dijo no recordar quién, recibía 400 dólares.
A estas personas no se les hacían los descuentos que señala la ley, no tenían ninguna plaza en las tiendas y desconoce si habían sido contratadas como empleados de Centros Penales. Tampoco conocía las funciones que realizaban esas personas.
Aseguró que no eran solo esos dos cheques los que eran emitidos, sino que había otros, sin especificar cuántos, pero que algunos cheques eran por cantidades pequeñas y otros que aumentaron las cantidades.
“Entre junio y julio me pidieron cheques por $300, otros por $400 por servicio de inteligencia… Umm… cosas, en un mes me pidieron dos veces de cuantías distintas de los cheques anteriores, pero de montos menores”, dijo.
Juárez les expresó a los fiscales que temía que fuera despedido después de haber revelado en la Fiscalía estos hechos.