Una treintena de personas que fueron cesadas de la Corte de Cuentas de la República (CCR), en diciembre pasado, acudieron ayer a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para pedirle a los magistrados de la Sala de lo Constitucional que los amparen y que suspendan el acto reclamado (despido).
Los afectados acusaron al presidente del ente contralor, Rosalío Tóchez, de haber ordenado “despidos arbitrarios”, ya que no les explicaron las razones por las que prescindieron de sus servicios.
“De un solo plomazo han terminado con los contratos de los compañeros… Les han violado la estabilidad laboral y les han negado el derecho de defensa y audiencia”, recriminó Donald Martínez, presidente de la Asociación de Empleados de la institución.
Según los demandantes, entre los cesados hay jefes de equipo, auditores, secretarias, abogados , ingenieros y técnicos, pero sostuvieron que ninguno ocupaba cargos de confianza que justifiquen los despidos.
“Las plazas que quitaron son de técnicos, pero los asesores, que son quienes tienen los cargos de confianza, ahí siguen, no los despidieron”, sostuvo una de las afectadas.
Las estadísticas de la asociación señalan que hay 55 personas cesadas que han solicitado acompañamiento en el proceso; no obstante, los afectados aseguraron que hay un número indeterminado de exempleados que decidieron hacer las diligencias por cuenta propia.
Yuri Williams, otro delegado de la Asociación, manifestó que el 70 por ciento de los trabajadores removidos tenía más de 10 años de trabajo en la entidad. Incluso, dijo, hay algunas personas a quienes les faltaban pocos meses para jubilarse.
Sobre el tema, El Diario de Hoy intentó conocer la versión del presidente Tóchez o de algún delegado, pero a través de la oficina de Comunicaciones se dijo que la CCR no se pronunciará al respecto.
Denuncian anomalías
Decenas de exempleados de la Corte de Cuentas se concentraron frente al Máximo Tribunal de Justicia y, mientras ondeaban carteles en los que exigían “pronta y cumplida justicia”, criticaron al presidente Rosalío Tóchez por “ordenar una cacería de plazas” para dejarlas vacantes y luego contratar a personas afines a él.
Una exempleada que llevaba trabajando en la institución más de 30 años relató que ella estaba incapacitada tras haber sido intervenida quirúrgicamente y le mandaron hasta su casa la carta donde le notificaban su despido.
Asimismo, los afectados dijeron que Tóchez ha amenazado con un “reglamento para la administración pública de retiro voluntario” a mujeres que están por cumplir los 55 años y los hombres 60, la edad requerida para jubilarse.
En contraste, a decir de los exempleados, cuando el presidente de la entidad asumió el cargo —en julio pasado— nombró en cargos de confianza a personas como José Gilberto Romero Tobar, el director de Recursos Humanos, quien, dicen, tiene 68 años.
Una situación similar enfrentaría el gerente general, Milton Jerónimo Rodríguez, quien ya pasaría de los 60.
Por otra parte, Yuri Williams, el delegado de la Asociación de Empleados, aseguró que Tóchez ha violado la Ley de la Corte de Cuentas al contratar como juez a José Gaytán, un hombre que, según ellos, ya está pensionado y es padre de un técnico que labora en la entidad.
Los afectados también denunciaron que el presidente ha tomado medidas arbitrarias contra los empleados, especialmente contra quienes pertenecen a los sindicatos.