La municipalidad de San Salvador tiene poco interés en seguir administrando los inmuebles donde se encuentra la terminal de oriente y el rastro (en Soyapango), así que se prepara para venderlos.
La modalidad de como se haría el negocio será poner a la venta los derechos litigiosos de los inmueble, debido a que los mismos tienen una disputa legal para la finalización de los contratos y el pago de los cánones de arrendamiento en la Cámara Primera de lo Civil de la Primera Sección del Centro, y Cámara Segunda de lo Civil.
Ambos juicios se encuentran muy avanzados en sus fases procesales y la comuna espera que se resuelvan lo antes posible a su favor, tal como se ha hecho en las distintas instancias judiciales.
De acuerdo con la asesora jurídica de la comuna, Celina Escolán, en el caso de la terminal de buses, éste se podría vender al Estado en caso pretenda hacer una megainfraestructura que pueda estar relacionada con su proyecto del Sistema Integrado de Transporte de San Salvador (Sitramss).
De hecho, el gobierno ocupará las instalaciones de los Ferrocarriles Nacionales de El Salvador (Fenadesal), y que se encuentra contiguo a la terminal de oriente, como área para los talleres de las unidades del nuevo sistema de transporte.
“El potencial que le vemos (al inmueble de la terminal) es que algún inversionista quiera desarrollar algo relacionado con el (nuevo) sistema de transporte”, explicó Escolán.
Las expectativas de ganar este proceso judicial son en un 95 %, y la Cámara Primero de lo Civil de la Primera Sección del Centro está por dar su sentencia definitiva, aseguró la asesora legal.
Celina Escolán explicó que, aunque el caso aún no se encuentre resuelto con una sentencia definitiva en ese juzgado de lo civil, la municipalidad puede vender el terreno, y liquidar el inmueble por medio de los derechos litigiosos es la primera opción, reiteró la ejecutiva.
Para vender los derechos litigiosos de los inmuebles y que todo se haga de forma transparente, y no ser observado por la Corte de Cuentas, la alcaldía sacará una especie de licitación donde recibirán ofertas, y el interesado que presente la más alta en precio es a quien se le venderá.
El terreno donde se encuentra la terminal de buses de oriente tiene un valúo de 1.9 millones de dólares; pero ese valor se obtuvo en 2010; hoy puede valer más, o menos.
La alcaldía de San Salvador ya pretendió vender ambos terrenos por medio de los derechos litigiosos, pero solo se presentó un interesado y se tuvo que declarar desierto.
Deuda del arrendatario
El inmueble de la terminal lo está explotando la Sociedad Terminal de Buses Nor Oriente S. A. de C. V. quien firmó el primer contrato con la alcaldía de San Salvador, cuando la administraba la exedil Violeta Menjívar, el 21 de septiembre de 2007. Luego, firmó un segundo contrato el 30 de abril de 2009.
En el primer contrato se estableció que el inquilino pagaría un canon de arrendamiento de 7 mil dólares mensuales. De ellos, solo pagó seis cuotas completas, y en los siguientes cuatro meses solo canceló 228.57 dólares.
Es decir, la Sociedad Terminal de Buses Nor Oriente S. A. de C. V. no ha pagado cánones de arrendamiento desde el 21 de septiembre de 2007, y a este año, la deuda sobre pasa los 622 mil dólares.
La municipalidad tiene confianza en que recuperará ese dinero puesto en las diversas instancias judiciales se ha resuelto la finalización del contrato con el arrendatario, el pago de la deuda, y la desocupación del inmueble.
El rastro
Igual que en la terminal de buses de oriente, la alcaldía de San Salvador mantiene un juicio por la finalización del contrato y pago de cánones con la empresa Dika S. A. quien es la que lo administra.
En este caso, también la comuna venderá los derechos litigiosos, y con este inmueble, la municipalidad sí está segura de que administrarlo le representa más gastos.
Este caso se encuentra en la Sala Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro.
“Estamos esperando que la Cámara Segunda de lo Civil confirme la finalización del contrato, el pago del arrendamiento y la desocupación del inmueble; lo esperamos desde septiembre del año pasado”, aseguró asesora jurídica.
Celina de Escolán explicó que el pago del arrendamiento mensual que Dika debía hacer era de siete mil dólares, tal como se firmó en el contrato con fecha 20 de enero de 2006.
Agregó que la empresa arrendataria del rastro solo quería pagar 3 mil dólares por el usufructo del inmueble, lo cual no fue lo pactado.
De acuerdo con Escolán, la municipalidad ha presentado todas las pruebas para que se emita una sentencia favorable, en el sentido que se dé por finalizado el contrato y se pague los cánones de arrendamiento que se deben desde casi ocho años.
“Vamos a poner a la venta los derechos litigiosos, porque las probabilidades de éxito (para que se resuelva el caso a favor de la municipalidad) son bastante altas”, insistió la abogada.
Sin embargo, la comuna está clara que por la forma en que han venido apelando los abogados de Dika, es probable que una vez resuelva definitivamente la Cámara Segunda de lo Civil, éstos lo volverán a hacer y el caso pasará nuevamente a la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia.
El pago de los cánones que no ha hecho la administradora del rastro pasa el medio millón de dólares.
En entrevista el año pasado con los representantes del rastro para saber su opinión sobre el juicio que mantienen con la municipalidad, éstos dijeron que estaban en poder de sus abogados y hablarían cuando hubiese resolución.