Las políticas del gobierno Funes favorecieron a las pandillas desde julio de 2009, poco después de la toma de posesión, al lanzar dos programas de beneficios en las cárceles y trasladar a uno de los principales cabecillas de la MS-13 del penal de Máxima Seguridad al presidio de San Francisco Gotera, como testificó el exdirector de Centros Penales de esa época, Douglas Moreno, a la Fiscalía General de la República (FGR).
Tras asumir el 1 de junio de ese año, el gobierno Funes lanzó los programas “Carretera de Oportunidades” y la “Mesa de la Esperanza”, que podrían considerarse precursores de la tregua porque les daban “voz y voto” a los reclusos y a sus familiares, además de una serie de beneficios, como el ingreso sin restricciones a los centros penales para los familiares. A esto se sumaba el programa “Batalla por la Paz” de la Policía Nacional Civil (PNC), que enfatizaba más en la prevención que en el combate frontal del delito. Todos fueron descartados tiempo después, por no haber funcionado.
El mismo Gobierno de los Estados Unidos decidió retirar su ayuda a uno de los planes insignia del Gobierno salvadoreño, el Programa Temporal de Ingresos (PATI), después que se denunciara que 750 pandilleros se estaban beneficiando con él en seis municipios. El Gobierno negó que haya negociado con pandilleros y alegó que si algún miembro de esos grupos criminales se benefició fue quizá colándose y cumpliendo los requisitos que se exigían para la entrega de 100 dólares mensuales a cada uno de los participantes.
El primer beneficiado
Pero la historia quizá comienza a principios de julio de 2009, cuando a un mes de haber tomado posesión el gobierno Funes, sorpresivamente fue trasladado Dionisio Umanzor, (a) El Sirra, del Penal de Máxima Seguridad al de Gotera, un presidio con menos restricciones.
“Sí, yo al Sirra lo saco (de Máxima Seguridad) en el 2009… Lo tuve que regresar porque la Policía lo rastreó que estaba cometiendo crímenes otra vez”, declaró Douglas Moreno, quien entonces era director General de Centros Penales, a los fiscales que lo interrogaron y cuyas grabaciones fueron filtradas la semana anterior en la web.
El Sirra se convertía en el primer convicto de secuestros y homicidios favorecido por el programa “Carretera de Oportunidades”, aunque Moreno argumentó que su salida fue avalada por un consejo criminológico.
Pero, según las autoridades de entonces, inmediatamente se activó las clicas Pinos Locos Salvatruchos (PLS) de la MS-13 en la comunidad San José del Pino y en los días posteriores se desató en Santa Tecla una ola de homicidios, robos de autos y otros crímenes.
Unos días después de que El Sirra fuera sacado de Zacatraz, el 24 de julio hubo al menos nueve robos de autos en el sector de la colonia Los Cipreses, en Santa Tecla.
La policía negó esos delitos, pero estos fueron constatados por periodistas de El Diario de Hoy que circunstancialmente estaban en la delegación policial de Santa Tecla y que entrevistaron a víctimas y familiares de esos crímenes.
Primero fue secuestrada y asesinada una empleada bancaria, luego una laboratorista y por último un estudiante de medicina cuyo cadáver apareció dentro de un barril en Apopa. El modo de operar era el mismo: a las víctimas las interceptaban en sus autos en la zona de Santa Tecla y las desvalijaban y luego las asesinaban. Sus cadáveres eran abandonados luego en despoblado.
A raíz de esa ola de crímenes, el 13 de septiembre, el entonces Fiscal General en funciones, Ástor Escalante, pidió a Centros Penales que devolviera a El Sirra a Zacatraz.
Debido a la presión y al auge de estos hechos, Centros Penales devolvió a El Sirra a Máxima Seguridad el 25 de septiembre. Pero ya habían pasado más de dos meses y habían quedado víctimas, mortales algunas, y familias afectadas. Óscar Ernesto Rodríguez Pérez, de 27 años; Rosa Ana Margarita Bolaños de Cardona, de 57, fueron las víctimas que pagaron con sus vidas.
Mareros y parientes cuidados por 300 policías
Pero el país siguió estando a merced de las pandillas, al punto que en marzo de 2010 el mismo gobierno envió un confuso mensaje al permitir y proteger con un amplio despliegue policial una marcha de familias de pandilleros presos. La indignación fue general al ver a cientos de agentes escoltando a pandilleros y parientes de estos, que reclamaban privilegios para los que estaban encarcelados.
Fueron 300 los miembros de la PNC que acompañaron la marcha de los pandilleros “para evitar disturbios”. Con tal despliegue, el Gobierno justificaba las exigencias que los marchantes reclamaban para sus parientes, mareros encarcelados, muchos de ellos convictos de graves crímenes.
Desde ese momento los pandilleros se empoderaron tanto al extremo que en septiembre de ese año declararon un paro al transporte, que mantuvo en tensión a los salvadoreños durante dos días.
Paro al transporte
Mientras el país estaba sumido en la zozobra y en el sufrimiento de tener que caminar largas distancias hasta sus trabajos, el presidente Mauricio Funes fue el gran ausente y no fue hasta el segundo día de paro que salió a hablar del problema.
El 8 de septiembre de 2010, las tanquetas y carros blindados volvieron a aparecer después de casi dos décadas de estar guardadas. Cientos de militares patrullaban las carreteras en un vano intento de contrarrestar el paro al transporte que las pandillas habían declarado seis meses después de aquella marcha de la que gozaron de seguridad policial.
El despliegue militar y policial fue en vano. El 90 % de las rutas urbanas y un 60 % de rutas interdepartamentales decidieron no trabajar por temor a la amenaza hecha por los pandilleros.
Además del despliegue militar y policial, la PNC reaccionó poniendo vigilancia a una de las mujeres de Borromeo Enrique Solórzano, (a) El Diablo, uno de los cabecillas nacionales de la MS-13, porque suponían que en esa casa se había orquestado todo el plan del paro del transporte. Al final, la investigación se diluyó.
La mayor masacre
Las maras continuaron fortaleciéndose y ganando terreno a tal punto que el 20 de junio de 2010 , en el centro de la ciudad de Mejicanos, un grupo de la pandilla 18, con toda impunidad y lujo de barbarie, roció de gasolina un microbús de la ruta 43 con 30 pasajeros en su interior, lo incendió y ametralló para evitar que las víctimas lograran escapar de las llamas. Unas 17 personas murieron, incluyendo una bebé de pocos meses de edad. El resto resultó con graves quemaduras.
Ese hecho es la mayor masacre que las pandillas salvadoreñas han cometido.
Sin embargo, la respuesta del gobierno fue decretar una ley antipandillas, con la que intentó acallar el clamor de la población referente a que se combatiera a las pandillas, pues los hechos que desde la segunda mitad de 2009 se habían desarrollado, evidenciaban que estas se estaban fortaleciendo y que sus crímenes quedaban en la impunidad.
La referida ley antipandillas resultó inaplicable, desde el punto de vista de los jueces, por considerarla “confusa” y hasta inconstitucional.
De esa forma, las pandillas volvían a anotarse otro punto en su favor.
La Policía dejó de hacer operativos de captura de pandilleros al amparo de esa ley porque en pocos días salían.
Tregua, polémica vigente
La impunidad que de alguna forma se venía observando de parte de las pandillas, quedó en evidencia el 14 de marzo de 2012, cuando El Diario de Hoy y el periódico electrónico El Faro informaron sobre el traslado de las cúpulas de las pandillas 18 y la MS-13 del penal de máxima seguridad, Zacatraz, a los penales de Cojutepeque y San Francisco Gotera, respectivamente.
Los traslados habían sido efectuados a cambio de que las pandillas bajaran los índices de homicidios.
Ante sendas noticias, el Gobierno negó que hubiese negociado los traslados a cambio de reducir los índices de criminalidad de las maras como reportó la publicación digital.
No obstante, algunos funcionarios admitieron que los traslados se habían hecho porque los cabecillas necesitaban tener comunicación con sus compinches en libertad para dictar las órdenes que necesitaban girar en torno a la supuesta tregua entre ambas pandillas.
Poco a poco, este periódico y otros fueron revelando una serie de beneficios y concesiones que el Gobierno les otorgaba a las pandillas quienes en varias ocasiones emitieron comunicados en los que planteaban una serie de peticiones, una de las cuales era que la PNC no hiciera operativos en determinados municipios y que los militares fueran retirados de la seguridad de las cárceles.
Al descubierto
Sin embargo, la semana anterior, salieron a la luz pública grabaciones de entrevistas que la FGR ha realizado a varios exfuncionarios gubernamentales quienes en sus declaraciones como testigos han asegurado que sí hubo una negociación entre el Gobierno y las pandillas, según lo denunciaron diputados del partido ARENA, después que los audios se divulgaran públicamente.
Las declaraciones en referencia señalan que de los ingresos de las 19 tiendas de los penales se sacaba dinero para pagarle a los mediadores de la tregua, a sus “colaboradores” y a familiares de los reclusos, bajo concepto de “labores de inteligencia”.