El apoderado legal de la junta directiva de la hoy Asociación Padre Vito Guarato (antes hogar), Luis Mario Pérez Bennet, aseguró que han “despedido” a las religiosas Eliana Rodríguez Chávez y María Suelena Cardoso, que pertenecen a la Orden de las Hijas de Nuestra Señora del Monte Calvario; y a su capellán, Hilario Contrán, por “pérdida de confianza”.
El abogado adujo que ellos “han trabajado con la fe y han cobrado por la fe. Ahí tienen casa, comida, diversión y salario. A las monjas les pagaban, a una $400 y a otra $300. Al sacerdote $600”, manifestó.
El padre Contrán negó esas acusaciones y aseguró que es “una ofrenda lo que se les daba y ellos son testigos que lo invertía todo el en hogar, hasta una radio puse en Internet. Eso no es cierto. Hace dos meses que no nos dan ese dinero y nosotros seguimos aquí. No estamos con los niños por el dinero sino por el amor que les tenemos”, dijo.
Añadió que el hogar lo han privatizado y eso no era el ideal del fundador. “Han transformado el hogar en laico, no religioso y no católico”, explicó el sacerdote.
La hermana Rodríguez pidió “respeto para los niños y para nosotros como seres humanos”.
A lo que el abogado Pérez destacó que el cuidado los niños siempre será de calidad como hasta ahora.
La Procuraduría de los Derechos Humanos (PDDH) se abocó a las instalaciones del hogar y habló con Rodríguez, quien le contó la situación en el portón porque no la dejaron entrar a las instalaciones.
La asociación brindará una conferencia hoy para detallar las acciones que tomarán y las razones que los respaldan.
Por su parte, el padre Hilario Contrán llegará al hogar para oficiar la misa dominical a las 11:00 a.m.
“Espero me dejen entrar, si no los haremos en la fachada”, aseguró el religioso.
Acciones anteriores
En octubre del año pasado los mismos involucrados tuvieron inconvenientes por haber cambiado la figura de fundación a asociación sin haber tomado en cuenta a la iglesia católica.
En esa ocasión el director de la asociación, Ernesto Cuestas, negó las acusaciones de expulsión como denunció el Arzobispado de San Salvador.