La comisión de Legislación del Congreso acordó ayer reformar el Artículo 8 de la ley especial de intervenciones telefónicas, a fin de que las escuchas telefónicas a menores de edad puedan ser ordenadas únicamente por un juzgado de menores de San Salvador.
La enmienda es una petición del Fiscal General, Luis Martínez, quien ha explicado a los legisladores que la ley sólo establece que las intervenciones podrán ser ordenadas por un Juzgado de Instrucción de San Salvador, lo cual lleva a que los jueces no quieran ordenar una escucha a menores.
De acuerdo con la legisladora del FMLN, Jackeline Rivera, la ley no prohíbe que haya escuchas para menores, pero el hecho de que esté a cargo de un Juzgado de Instrucción genera confusiones en los juzgadores, afirmó.
“Lo que ha sucedido es que los jueces están interpretando muy literal la ley. No se distinguió (a menores) porque se supone que todas las intervenciones deben ser realizadas más allá de quiénes lo hayan cometido (el delito)”, explicó Rivera.
Eso sí, en caso de que el delito sea cometido por mayores y menores en conjunto, la intervención será ordenada por un Juzgado de Instrucción.