El movimiento de Honduras hacia una política de cero tolerancia hacia las pandillas y el crimen organizado también podría ser una señal de lo que vendrá en los países vecinos, en particular en El Salvador, advierte la publicación especializada sobre crimen organizado en las Américas InSight Crime.
Según la fuente, este es el escenario que se anticipa en El Salvador “con el derrumbamiento de su propia tregua de pandillas, en el período previo a las elecciones en las que el candidato conservador -un crítico de larga data de la iniciativa- está liderando la carrera”.
InSight Crime considera que es probable que la medida anunciada por Hernández sea “la sentencia de muerte de un esfuerzo torpe para imitar la tregua entre pandillas en el vecino El Salvador”, pero advierte que esto último “podría anunciar un aumento en la violencia”.
En este punto, recuerda que si bien las políticas de mano dura y la promesa de tomar una acción firme pueden despertar la opinión pública, la evidencia sugiere que tales estrategias a menudo aumentan la violencia.
El candidato del opositor partido ARENA, Norman Quijano, ha prometido combatir las pandillas, pero al mismo tiempo dar opciones para quienes deseen reinsertarse en la vida productiva del país.
De acuerdo con el análisis de InSight Crime, la lucha por la legitimidad electoral es solo la primera batalla que enfrenta el nuevo presidente Hernández en un país que se ha vuelto cada vez más ingobernable desde el golpe de Estado de 2009, lo que lleva a muchos a sugerir que está dirigiéndose a convertirse en un “narco-Estado”.
En este punto, cita que hasta octubre, la tasa de homicidios hasta el momento en 2013 fue de 83 por cada 100,000 habitantes, con la segunda ciudad más grande, San Pedro Sula, ocupando el primer lugar y la capital, Tegucigalpa, el cuarto lugar entre las ciudades más violentas del mundo.
“Los esfuerzos para abordar los problemas del país (Honduras) se ven obstaculizados por la corrupción endémica entre los funcionarios públicos, la tartamuda reforma policial y los graves problemas financieros”, señala InSight Crime.
Según la fuente, el nuevo presidente electo de Honduras se ha comprometido a hacer cumplir las políticas de seguridad de línea dura para combatir el tráfico de drogas y la actividad de las pandillas en el país más violento de la región, aunque su capacidad para cumplirlo puede ser obstaculizada por un mandato político débil, después de que los resultados de las elecciones fueran desafiados.
Como congresista, Hernández propuso la policía militar, la cual entró en servicio en octubre, y su plan de seguridad incluye dar aún más poder a los militares para llevar a cabo tareas de seguridad pública.
Lo cierto es que el ultimátum lanzado por Hernández tomó por sorpresa a las autoridades salvadoreñas, que no quisieron comentar.
“No voy a opinar sobre eso, porque estamos concentrados en nuestros temas”, afirmó el Fiscal General de la República, Luis Martínez.
En tanto que el Subdirector de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Ramírez Landaverde, expresó a la misma inquietud de este periódico que el tema “es más de políticos” y refirió a preguntarles a ellos.
Para los políticos, la medida de Hernández de dar un ultimátum a las pandillas en Honduras, coinciden en que es la correcta.
“Eso contrasta con lo que está sucediendo acá, mientras hay un futuro gobernante (en Honduras) de un partido responsable que está determinado a combatir las maras y los invita a que salgan del país o que abracen la paz, aquí tenemos un gobierno de pactos a oscuras, a espaldas de la población, que les da poder beligerante y que tolera todos los desmanes que hacen las pandillas”, afirmó Quijano.
Según el candidato tricolor, de ganar las elecciones presidenciales de 2014, les hará la misma invitación que Hernández ha hecho: “que dejen de delinquir o que salgan del país, porque el gobierno (si triunfa en los comicios) no tolerará este tipo de cosas”.
Mientras que para el candidato a la vicepresidencia por Unidad, Francisco Laínez, la tregua entre las pandillas ha complicado más la situación, y “ha permitido que los pandilleros tomen territorio”. Sin embargo, dice que no debe dejarse de lado la prevención, pero para quienes se nieguen a dejar de delinquir, “tienen que pagar”, aseveró.
Para el jefe de fracción de ARENA, Donato Vaquerano, el gobierno del FMLN ha permitido la “consolidación” de las pandillas mediante “arreglos oscuros”, afirmó.
Rodolfo Parker, del PDC, piensa que deben tomarse medidas integrales que incluyen la prevención y la reinserción, pero está de acuerdo en que para quienes persisten en la delincuencia hay que ser “duro”, aseveró.
“La delincuencia y las pandillas es de enfrentarlas con todo el rigor de la ley”, afirmó Guillermo Gallegos, de Gana, y aunque cree que debe valorarse la prevención, también la pena de muerte.