Las “oscuras negociaciones” entre el gobierno y las estructuras de pandillas, en la llamada tregua, y el complejo problema que representan estas agrupaciones aliadas al crimen organizado son punto de análisis para recapitular un minucioso estudio titulado “Crimen organizado y maras: el nudo gordiano salvadoreño”, publicado recientemente por el prestigioso Centro Woodrow Wilson, en Washington.
El libro titulado “¿A dónde vamos? Análisis de políticas públicas de seguridad ciudadana en América Latina” expone las estrategias seguidas en los países de la región con aciertos y desaciertos en la problemática de inseguridad.
No obstante, especial atención merece el tema de las pandillas y el crimen organizado en El Salvador, donde el investigador César Rivera hace un profundo análisis de la existencia y complejidad de las pandillas y el tejido social que les da soporte. Además revisa las fallidas estrategias para hacerles frente, lo que lleva a buscar respuesta a la pregunta fundamental que titula el estudio.
La directora del programa para América Latina, Cynthia Arnson, considera que durante los últimos 15 años este centro de pensamiento en la capital estadounidense ha estado muy involucrado en analizar la problemática de la creciente inseguridad en la región, a fin de generar insumos con criterios académicos e independientes que sirvan a los tomadores de decisiones en la búsqueda de soluciones al problema.
“El tema de la seguridad ciudadana es de suma importancia, en la medida en que afecta la calidad de vida de millones de personas y se ha convertido en un asunto clave para la consolidación de la democracia, la calidad de la justicia y el respeto por los derechos humanos”, anotó Arnson.
Agregó que “en los últimos años es visto cada vez más como una condición previa para las posibilidades de desarrollo económico y humano”.
Ante la grave situación de inseguridad del país, que se produce en gran medida por el control territorial y accionar de las pandillas, César Rivera expone que la evolución de las maras les ha llevado a vínculos estrechos con otras formas del crimen organizado. Además, se han alejado de la premisa que “algunos conocedores locales del tema” mantienen: que se trata de un fenómeno juvenil y de búsqueda de identidad.
Según el investigador, aunque la conexión de las pandillas con las redes del narcotráfico no se puede considerar directa y lineal, al existir un entramado de circunstancias que favorecen la creación de otros grupos que están interesados en unirse al negocio del tráfico de estupefacientes, la conexión de las pandillas con las redes del narcotráfico es un hecho.
Aunque algunos sectores de la sociedad salvadoreña se resisten a conceptualizar a las pandillas como crimen organizado, reitera.
“Quizá la perspectiva de análisis que mejor permite aproximarse al entendimiento de este fenómeno se encuentra en la posibilidad de identificar sus características evolutivas, de comprender que las pandillas, como cualquier fenómeno social, tienen dinamismos propios, con autonomía funcional, que no pueden frenarse; las pandillas y sobre todo algunas de sus clicas han expandido su radio de operación y también están metidos en el tráfico a “gran escala”, puntualiza Rivera.
Los obligados a apoyar a las maras
En el estudio, que Rivera señala que comenzó a estructurar a finales de 2011 y que concluyó cuando la tregua estaba en su apogeo, hace una estratificación del conglomerado social que sirve de base a las estructuras de las pandillas en las zonas de mayor control e influencia de estas agrupaciones criminales.
Por un lado, el analista ve con preocupación que esa base social tiene interconexiones hasta con tres generaciones, los padres de los pandilleros, muchos de los cuales viven de la actividad criminal de sus hijos; los pandilleros mismos y ahora se agrava con los hijos de estos, a los que se les provee recursos de esa misma actividad, por lo que el problema adquiere dimensiones alarmantes; además de la presión que recae sobre el resto de habitantes de las comunidades donde tienen su control y sobre quienes recae la amenaza de acoplarse a los preceptos de la clica.
“Esta ‘base social’ inicialmente estuvo constituida por las relaciones más horizontales de los pandilleros: hermanos, amigos, primos, cónyuges, etcétera, más o menos coetáneos o de una misma generación y que ahora se extiende a relaciones más verticales de padres pandilleros a hijos. También ocurre de pandilleros que ‘mantienen’ económicamente a sus padres… Entonces, estamos hablando de dos generaciones y posiblemente de hasta de tres”, afirma el investigador.
César Rivera también cataloga otros dos grupos que dan soporte social a las pandillas, que por sí mismas estarían acorraladas de existir una verdadera presión por parte del Estado y las autoridades de seguridad pública para combatirlas.
En estos grupos, el investigador anota que, según las mismas estratificaciones que manejan la Policía Nacional Civil (PNC) y los entes fiscales, hay un grupo de “colaboradores” que lo forma un subgrupo de miembros de las comunidades que sin ser pandilleros tienen conexiones directas, fluidas y cotidianas con los delincuentes para los asuntos de negocios de las pandillas.
Y al final aparece el grupo más vulnerable y mayoritario que se denomina “población cautiva” que son aquellas familias que no tienen más opción al carecer de medios para huir de las zonas de control de las maras y ponerse a salvo del accionar criminal y de control territorial que ejercen estas estructuras.
“En este grupo se ubican los ciudadanos que, amedrentados por las pandillas y sin posibilidades para conseguir una vivienda en otras zonas, no tienen más alternativa que sufrir. A este grupo de ciudadanos no les queda una opción diferente, sino organizar su vida personal, laboral y familiar en función de la amenaza de las pandillas y, en este ejercicio de verdadera sobrevivencia, están obligados a realizar ‘arreglos de compromiso’. No les queda otra alternativa”, apunta.
La tregua y los negocios oscuros
Para cerrar su análisis, Rivera, que junto a otros especialistas de la región desglosan la preocupante situación de la región en este peliagudo tema, en el libro editado por el académico Carlos Basombrío trae a colación la tregua y los movimientos sospechosos que esta conserva desde su génesis.
El proceso pudo representar una oportunidad, de haberse hecho con transparencia y con el acuerdo o mediano consenso de la sociedad salvadoreña para llevarlo a cabo, y otros serían los resultados; pues no se podría negar que en el abanico de oportunidades para buscar soluciones a tan seria problemática, la tregua pudo haber tenido ventajas y desventajas, pero solo con una actitud que la hubiera vuelto “transparente, sostenible, exigible y políticamente viable”, acota.
El investigador se añade al sentir de amplios sectores del país que percibieron desde el destape de la tregua, que se husmeaba un proceso de “negociaciones oscuras, tratos indecibles, entendidos subterráneos”, entre otros que frustraron una oportunidad de buscar soluciones, y que debió hacerse sin violentar los estamentos jurídicos del país para integrar el esfuerzo con coherencia a las políticas de prevención y reinserción social, donde radica la mayor demanda.
“La tregua tiene demasiados parecidos a los planes anteriores: confunde la táctica, (la improvisación y la secretividad como elementos medulares) con la estrategia (ausencia de un objetivo claro y de un horizonte definido). Estamos frente a la improvisación en su expresión más tangible: no hay referentes institucionales claros, su adaptación a las políticas públicas es incierta, su legitimidad social también está cuestionada”, finalizó.