Fiscalía certifica audios de tregua y cita a Munguía P.

El fiscal Martínez informó que el responsable de haber sacado las grabaciones de las oficinas fiscales fue un asistente jurídico de la misma FGR

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Raúl Mijango, uno de los mediadores de la tregua (centro), es mencionado en las declaraciones de exfuncionarios del Gabinete de Seguridad ante la Fiscalía. Foto EDH / Archivo

Por ??scar Iraheta Twitter: @oscar_iraheta

2014-01-29 7:00:00

El Fiscal General de la República, Luis Martínez, confirmó ayer que son auténticas las grabaciones de cuatro exfuncionarios del Gabinete de Seguridad que afirman que los pandilleros y sus familias recibieron privilegios y dinero gubernamental.

Al mismo tiempo, Martínez anunció que llamará a declarar al Ministro de Defensa, general David Munguía Payés, quien es mencionado en los audios por sus exsubalternos.

Las grabaciones fueron filtradas la semana anterior a través de un sitio web y expuestas por diputados del partido ARENA, quienes dijeron que eran evidencia de que el gobierno negoció y financió a las pandillas.

“Son reales (las grabaciones). Ya se corroboraron con las subidas en la Internet y son iguales”, confirmó el fiscal Martínez.

El Fiscal General aseguró ayer que, por las referidas revelaciones que se hicieron en las entrevistas, citará a exfuncionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, a los mediadores de la tregua y hasta a los cabecillas criminales de las pandillas que están presos en las cárceles y que fueron beneficiados en el tema de la tregua.

En los audios figura el interrogatorio de los fiscales al exviceministro de Justicia, Douglas Moreno, y del exdirector de Centros Penales, Nelson Rauda, quienes hablan de beneficios a los pandilleros en las cárceles.

El diputado Roberto d’Aubuisson, de ARENA, afirmó que eso evidencia que el Gobierno y el presidente Mauricio Funes sí pactaron la tregua entre las pandillas, en contraposición a lo dicho por el mandatario y por el exministro de Justicia y Seguridad Pública y ahora ministro de Defensa, David Munguía Payés, sobre que en ese proceso no tuvieron intervención alguna.

D’Aubuisson aseveró la semana pasada que el Gobierno no solo buscó el pacto entre las maras, sino que además les pagó a familiares de los cabecillas, a estos últimos y a los mediadores, a través de dinero que fue erogado del fondo de las tiendas institucionales de los centros penales.

“Vamos a seguir con las investigaciones en este tema. Llamaremos a declarar a exministros y ministros del Gobierno que estuvieron involucrados en el tema. Esperamos la pronta colaboración de ellos”, dijo Martínez.

El jefe del Ministerio Público agregó que las personas citadas “deben dar la cara al país y no permitir más treguas hipócritas y oscuras, son temas de seguridad nacional y la Fiscalía no va a estar avalando este tipo de infracciones penales”.

Ayer, el fiscal Martínez compartió la mesa de trabajo del plan de seguridad para las próximas elecciones presidenciales con el ministro Munguía Payés, quien expresó que si lo llaman a declarar “con gusto” irá para “colaborar con la justicia”.

Al consultarle respecto de las menciones directas que se le hacen en los audios como al tanto de los pagos y privilegios a los reclusos y sus familias, Munguía Payés dijo que “esas cosas no son ciertas y son parte de la campaña (electoral)”.

El ministro de Defensa sostuvo que aún no ha recibido el citatorio de la Fiscalía.

“Hay muchas cosas que se están dando, por eso yo me he estado afuera de los medios de comunicación, porque cualquier declaración que se diga se politiza. Yo soy una persona seria y además soy el ministro de Defensa Nacional. Han salido a la luz grabaciones que, al parecer, han sido editadas y no merecen credibilidad”, razonó Munguía.

Procesan a empleado que difundió audios

El fiscal Martínez informó que el responsable de haber sacado las grabaciones de las oficinas fiscales fue un asistente jurídico de la misma FGR, identificado como Enrique Alberto Calles Rivas, quien llegó a trabajar a la institución en 1996.

Calles Rivas fue detenido, ayer por la mañana, en su residencia, por sospechas de haber filtrado los audios.

“Él (asesor jurídico) los extrajo de la computadora y los grabó en una USB, luego reveló las grabaciones. Tenemos toda la información, el día que lo hizo y ya incautada la computadora y toda la información”, detalló el jefe fiscal.

Indicó que el empleado será procesado por el delito de revelación de hechos, actuaciones o documentos secretos por el empleado oficial, según lo establece el artículo 324 del Código Penal.

El funcionario no descartó más capturas.

Este delito tiene una pena de cuatro a 15 años de cárcel cuando hay una agravante por daños y perjuicios.