“Perdonen pero la tregua no ha fracasado, como algunos dicen… la tregua es un tema que lamentablemente ha estimulado una confusión y no se vale que por que no se comprende, se descalifique por el afán de perjudicar al Gobierno con fines electorales”, dijo el presidente Mauricio Funes, el 13 de mayo de 2013, en rueda de prensa con periodistas.
Meses después, el 27 de diciembre anterior, volvió a referirse al tema: “Son dificultades operativas (lo cual) no significa que la tregua se rompió”, aseveró.
Pese a defenderla, hoy se desmarca del proceso gracias al cual El Salvador había reducido en un 52 % los homicidios, según dijo ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM) en un foro organizado por estos organismos, en abril de 2013.
Pero los hechos, a lo largo de 22 meses, han demostrado que el Gobierno sí se involucró con las dos principales pandillas salvadoreñas, la reducción de homicidios a cambio de privilegios a los cabecillas encarcelados.
El sábado 10 y el lunes 12 de marzo de 2012, periodistas de El Diario de Hoy recibieron de distintas fuentes de inteligencia la información de que las cúpulas de la MS y la 18 habían sido trasladadas días antes del Penal de Máxima Seguridad, en Zacatecoluca, a cárceles más flexibles donde tendrían muchos y nuevos beneficios.
El martes 13, poco antes de medianoche los lectores de elsalvador.com ya podían leer la noticia “Trasladan de Zacatraz a cúpula de la MS y 18” (http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=6729759). Un par de horas antes, el periódico electrónico El Faro había publicado también la nota “Gobierno negoció con pandillas reducción de homicidios”.
El Diario de Hoy también informó que el traslado era una medida para bajar el índice de homicidios que había pasado de 11 por día, en noviembre de 2011 a 14, en febrero de 2012.
Según dijeron las fuentes de inteligencia y de la Policía, la orden de bajar homicidios era a cambio de que los cabecillas tuvieran privilegios extraordinarios, en relación con el resto de reclusos.
En la publicación del 14 de marzo, El Diario de Hoy consignó la posición del entonces Director de Centros Penales, Nelson Rauda, quien confirmó el traslado de 30 pandilleros. Mas cuando se le pidió que detallara las identidades, dijo que no recordaba los nombres y que solo el entonces ministro de Seguridad, David Munguía Payés, podía dar declaraciones al respecto.
Las excusas del general y el silencio presidencial
Dos días después, Munguía Payés convocó una conferencia en la que negó la negociación y solo confirmó los traslados de cabecillas dando vagos argumentos, como por ejemplo, que ya habían cumplido el tiempo que la ley mandaba para que estuvieran en Zacatraz y se hacía por humanidad. Luego cambió y dijo que los traslados obedecían a una estrategia, es decir, que con ello estaban frustrando un plan de fuga que tenían los cabecillas; el contrabando de 24 cohetes LAW y fusiles Dragunov (para francotiradores) reforzaban la sospechas de la fuga.
Mientras tanto, el presidente Mauricio Funes seguía en silencio. No fue hasta 14 días después que convocó a una conferencia de prensa en la que negó haber pactado o negociado con pandillas.
No obstante, tanto Funes como Payés hablaban con entusiasmo de la reducción de homicidios, lo cual coincidía con el traslado de las cúpulas de las pandillas.
Pero poco a poco, los hechos controvertían las versiones de Funes y Payés y ponían en duda un proceso que el mismo Fiscal Luis Martínez llamó “tregua hipócrita”.
Pese a las negaciones, El Diario de Hoy siguió en su afán de comprobar e informar los supuestos beneficios concedidos a los cabecillas encarcelados a cambio de bajar los índices de homicidios.
A principios de agosto de 2012, puso en evidencia que el Gobierno había permitido el ingreso de una gran cantidad de televisores tipo plasma a las cárceles de Ciudad Barrios, San Francisco Gotera, Cojutepeque, Izalco y Chalatenango, entre otras, en las que estaban recluidos solo pandilleros.
Días después, el 6 de agosto, publicó que los centros penales donde estaban recluidos los principales cabecillas de ambas pandillas disponían de servicio de televisión por cable. Las mismas fuentes informaban que la tenencia y uso de teléfonos celulares inteligentes era masivo y sin restricciones.
Poco menos de un mes de que se diera a conocer el traslado de los pandilleros como parte del trato para bajar los homicidios, Raúl Mijango, uno de los mediadores de la “tregua”, fue sorprendido introduciendo varios celulares al penal de Quezaltepeque.
Los custodios no pudieron hacer nada porque una orden del director Rauda evitó seguir con el procedimiento.
Entre tanto, los funcionarios continuaban negando la negociación al ritmo de lo cual cambiaban las versiones.
Bodas, prostitución y Facebook desde las cárceles
El Diario de Hoy continuó en su afán de informar los beneficios a las pandillas. El 14 de marzo de 2013 reveló que el 13 de marzo, desde la mañana, el Penal de San Francisco Gotera estuvo de manteles largos por la fiesta que hubo en su interior para celebrar la boda del cabecilla de la MS, Edson Zachary Eufemia Escobar. La música era tan alta que traspasaba los muros de la prisión.
Asimismo, el ingreso de prostitutas y menores de edad para sostener relaciones sexuales con pandilleros recluidos en penales se intensificó. Incluso, en Gotera varios custodios fueron procesados judicialmente por permitir el ingreso de una adolescente de 16 años, domiciliada en San Marcos Lempa, quien era prostituida en dicho penal (proceso judicial 125-2012, Juzgado de Paz de San Francisco Gotera, Morazán).
El 15 de mayo de 2013, EDH demostró que el uso de celulares en prisiones era generalizado, al publicar el reportaje “Reos con Facebook desde las cárceles”. Seis meses después, el 12 de noviembre, se publicó otro reportaje: “Reclusos siguen saliendo de prisión a través de Facebook”, lo cual evidenciaba el nulo control o la tolerancia gubernamental.
Esa semana quedó evidenciado que todos esos privilegios eran parte de los beneficios del Gobierno a cambio de la reducción de homicidios.
El mismo Rauda, que otrora lo negara a este Diario, ha confirmado ahora en la Fiscalía todos esos hechos y pagos a familiares de las pandillas.
Por su parte, Funes continúa negando tal negociación y pagos. No obstante sigue resaltando como logró la baja de homicidios en los últimos dos años, incluso, en septiembre de 2013 en las Naciones Unidas admitió que su gobierno participó en la tregua y lo presentó como ejemplo a replicar.