El gobierno de Funes favoreció a los pandilleros desde julio de 2009, poco después de la toma de posesión, al lanzar dos programas de beneficios en las cárceles y trasladar a uno de los máximos cabecillas de la MS-13 del Penal de Máxima Seguridad al presidio de San Francisco Gotera, según se desprende del testimonio del exdirector de Centros Penales de esa época, Douglas Moreno, a la Fiscalía General de la República (FGR).
Tras asumir el 1 de junio de ese año el gobierno, Funes lanzó los programas “Carretera de Oportunidades” y la “Mesa de la Esperanza”, que podrían considerarse precursores de la tregua porque les daban voz y voto a los reclusos y a sus familiares, además de una serie de beneficios, como el ingreso sin restricciones a los centros penales para los familiares.
A esto se sumaba el programa “Batalla por la Paz” de la Policía Nacional Civil (PNC), que enfatizaba más en la prevención que en el combate frontal del delito.
Todos fueron descartados tiempo después, por no haber funcionado.
El primer cabecillla beneficiado
En el marco del programa “Carretera de Oportunidades”, a principios de julio de 2009, fue trasladado Dionisio Umanzor, (a) El Sirra, del Penal de Máxima Seguridad al de Gotera, un presidio con menos restricciones.
“Sí, yo al Sirra lo saco (de Máxima Seguridad) en el 2009… Lo tuve que regresar porque la Policía lo rastreó que estaba cometiendo crímenes otra vez”, declaró Douglas Moreno, quien entonces era director General de Centros Penales, a los fiscales que lo interrogaron y cuyas grabaciones fueron filtradas la semana anterior en la web.
El Sirra se convertía en el primer criminal (convicto de secuestros y homicidios) favorecido por el programa “Caretera de Oportunidades”, aunque Moreno argumentó que su salida fue avalada por un consejo criminológico.
Pero, según las autoridades de entonces, inmediatamente se activó las clicas Pinos Locos Salvatruchos (PLS) de la MS-13 en la comunidad San José del Pino y en los días posteriores se desató en Santa Tecla una ola de homicidios, robos de autos y otros crímenes.
Un par de días después de que el Sirra fuera sacado de Zacatraz, hubo al menos nueve robos de autos en el sector de la colonia Los Cipreses, en Santa Tecla.
La policía negó esos delitos, pero éstos fueron constatados por periodistas de El Diario de Hoy que circunstancialmente estaban en la delegación policial de Santa Tecla y que entrevistaron a las víctimas de esos crímenes.
Primero fue asesinada una empleada bancaria, luego una laboratorista clínica y por último un estudiante de medicina cuyo cadáver apareció al interior de un barril en Apopa.
El modo de operar era el mismo: a las víctimas las interceptaban con sus autos en la zona de Santa Tecla y Los Cipreses, las desvalijaban y luego las asesinaban. Sus cadáveres eran abandonados luego en despoblado.
A raíz de esa ola de crímenes, el 13 de septiembre, el entonces Fiscal General en funciones, Ástor Escalante, pidió a Centros Penales que devolviera al Sirra a Zacatraz.
Debido a la presión y al auge de estos crímenes, Centros Penales devolvió al Sirra a Máxima Seguridad el 25 de septiembre. Pero ya había pasado más de dos meses y habían quedado víctimas, mortales algunas y familias afectadas.
Óscar Ernesto Rodríguez Pérez, de 27 años, Rosa Ana Margarita Bolaños de Cardona, de 57, y Nora Cecilia López Gómez, de 42, fueron las víctimas registradas que pagaron con su vida.
300 policías protegieron a mareros y sus parientes
Pero el país siguió estando a merced de las pandillas, al punto que el mismo gobierno envió un confuso mensaje al permitir y proteger con un amplio despliegue policial una marcha de familias de pandilleros presos.
La indignación fue general al ver a cientos de agentes escoltando a pandilleros y parientes de éstos, que reclamaban privilegios para los que estaban presos.
Fueron 300 los miembros de la PNC que acompañaron la marcha de los pandilleros para evitar disturbios. Con tal despliegue, el Gobierno justificaba las exigencias que los marchantes reclamaban para sus parientes, mareros encarcelados, muchos de ellos convictos de graves crímenes.
Desde ese momento los pandilleros se empoderaron tanto al extremo que declararon un paro al transporte, que mantuvo en tensión a los salvadoreños durante dos dias.
Mientras el país estaba sumido en la zozobra y en el sufrimiento de tener que caminar largas distancias hasta sus trabajos, el presidente Mauricio Funes fue el gran ausente y no fue sino hasta el segundo día de paro que habló del problema.
El Salvador con paro de transporte
El 8 de septiembre del 2010, las tanquetas y carros blindados volvieron a aparecer después de casi dos décadas de estar guardadas. Cientos de militares patrullaban las carreteras en un vano intento de contrarrestar el paro al transporte que las pandillas habían decretado seis meses después de aquella marcha de la que gozaron de seguridad policial.
El despliegue militar y policial fue en vano. El 90% de las rutas urganas y un 60% de rutas interdepartamentales decicieron no trabajar por temor a la amenaza hechas por los pandilleros.
Además del despliegue militar y policial, la PNC reaccionó poniendo vigilancia a una de las mujeres de Borromeo Enrique Solórzano, alias El Diablo, uno de los cabecillas nacionales de la MS-13, porque suponían que en esa casa se había orquestado todo el plan del paro del transporte.
Sin embargo, no era así. La planificación y la logistica se habría hecho en la casa de José Hilton Chicas García, alias Nixon, quien dos años después sería asesinado cerca de la casa donde se presume planificaron el paro al transporte.
A pesar de que la FGR y la PNC hicieron investigaciones para determinar la responsabilidad, al final la investigación fue archivada y los pocos pandilleros capturados como responsables fueron puestos en libertad. Unidades élites tanto de la FGR y de la PNC no lograron robustecer sus investigaciones.
La mayor masacre hecha por las pandillas.
Las pandillas continuaron fortaleciéndose y ganando terreno a tal punto que el 20 de junio de 2010 , en el centro de de la ciudad de Mejicanos, un grupo de la Pandilla 18, con toda impunidad y lujo de barbarie, roció de gasolina un microbús de la ruta 43 con pasajeros al interior, lo incendió y ametralló para evitar que más de 30 personas lograran escapar de las llamas.
De las 30 personas que viajaban en el microbús, 17 personas murieron, incluyendo una bebé de pocos meses de edad; el resto resultó con graves quemaduras.
Ese hecho es la mayor masacre que las pandillas salvadoreñas han cometido.
Sin embargo, la respuesta del gobierno fue decretar una ley antipandillas confusa, con la que intentó acallar el clamor de la población referente a que se combatiera a las pandillas, pues los hechos que desde la segunda mitad del 2009 se habían desarrollado, evidenciaban que estas se estaban fortaleciendo y que sus crímenes quedaban en la impunidad.
Sin embargo, la referida ley antipandilas resultó inaplicable, desde el punto de vista de los jueces, por considerarla confusa.
De esa forma, las pandillas volvían a anotarse otro punto a su favor.
La Policía dejó de hacer operativos de captura de pandilleros al amparo de esa ley porque en pocos días salían.
La tregua, el golpe bajo a los salvadoreños
La impunidad y tolerancia que se venía observando de parte del Gobierno hacia las pandillas, quedó en evidencia el 14 de marzo del 2012, cuando El Diario de Hoy y el periódico electrónico El Faro, informaron sobre el traslado de toda las cúpulas de las pandillas 18 y la MS-13 del penal de máxima seguridad, Zacatraz, a los penales de Cojutepeque y San Francisco Gotera, respectivamente.
Los traslados habian sido efectuados a cambio de que las pandillas bajaran los índices de homicidios.
Ante sendas noticias, el gobierno negó que hubiese negociado los traslados a cambio de reducir los índices de criminalidad de las maras.
No obstante, algunos funcionarios admitieron que los traslados se habían hecho porque los cabecillas necesitaban tener comunicación con sus compinches en libertad para dictar las órdenes que necesitaban girar en torno a la supuesta tregua entre ambas pandillas.
Poco a poco, este Periódico y otros fueron revelando una serie de beneficios y concesiones que el Gobierno les otorgaba a las pandillas quienes en varias ocasiones emitieron comunicados en los que planteaban una serie de peticiones, una de las cuales era que la PNC no hiciera operativos en determinados municipios y que los militares fueran retirados de la seguiridad de las cárceles.
Gobierno al descubierto
Sin embargo, la semana anterior, salieron a la luz pública grabaciones de entrevistas que la FGR ha realizado a varios ex funcionarios gubernamentales quienes en sus declaraciones como testigos han asegurado que sí hubo una negociación entre el Gobierno y las pandillas.
Las declaraciones en referencia señalan que bajo la referida negociación existen pagos a pandilleros y parientes de éstos que han sido sufragados con diversos dineros, entre estos los generados por 19 tiendas que funcionan en igual núemro de cárceles.