En las grabaciones que se encuentran en el sitio pastebin.com/DZe38TbF se puede escuchar las declaraciones que rindió el exdirector de Centros Penales, Nelson Rauda, ante la Fiscalía General en las que se desprende que hubo pagos en dinero y privilegios a familiares de cabecillas de pandillas, a los cabecillas de esos grupos y hasta los mediadores de la denominada tregua pandilleril.
El dinero era tomado del fondo común de las tiendas institucionales que funcionan dentro de los 19 centros penales del país. También revelan que habrían sido ocupados fondos del Organismo de Inteligencia de Estado (OIE) para pagarles a los familiares de los jefes de las pandillas.
Con respecto a los fondos de las tiendas, Rauda declara ante varios fiscales que el entonces ministro de Seguridad Pública, David Munguía Payés, le ordenó que tomara el dinero de las tiendas institucionales para apoyar el esfuerzo que se estaba haciendo (tregua). Los egresos que se hicieron de acuerdo con Rauda eran de 1,800 hasta 5,000 dólares.
En la grabación se escucha que Rauda detalla que se sacaba 2,500 dólares para el pago de los mediadores. Después este monto subió a 5,000 dólares, según Rauda.
También, señala que se saca entre 2,000 y 2,300 dólares para pagarles a cuatro personas que habían sido propuestas por Mijango para que actuaran como sus colaboradores. A estas cuatro personas les pagaba Rauda y ellas tenían que firmar en una planilla, de acuerdo con la declaración registrada en el audio.
El dinero que salía de las tiendas institucionales se hacía bajo el concepto de “servicios de inteligencia”, y a nombre de dos exfuncionarios de Centros Penales, quienes después de cobrar los cheques, se lo iban a entregar a Rauda.
Se registra en las grabaciones que el exdirector de Penales le entregaba “en efectivo, 2,500 dólares al ministro (Munguía), ese dinero supuestamente se los entregaba el ministro a ellos (Mijango y monseñor Colindres)”.
A eso se le suma otras cantidades de dinero de entre 1,800 y 2,000 dólares que según Rauda, él los sacaba para el pago de fuentes de inteligencia que no eran más que reclusos que les daban información de posibles fugas en los presidios.
De acuerdo con lo manifestado por Rauda en el Ministerio Público, ese dinero no se lo podían dar a los internos que colaboraban porque era delatarlos, por lo que se les daba a los familiares de los reclusos, pero bajo la excusa o pretexto de que era por “labores de inteligencia”.
Los pagos se hicieron desde abril de 2012 hasta septiembre de 2013, según lo revela un exfuncionario en la Fiscalía.
Rauda señala en su testimonio que en una oportunidad le advirtió a Munguía Payés del riesgo que se corría de los problemas legales que les podía causar con la entrega de ese dinero, aparentemente de forma ilegal.
Sin embargo, Munguía Payés le habría dicho que “era necesario hacerlo para bajar la violencia en el país”.
También, Rauda revela que escuchó que se había usado fondos de la OIE.