Aun cuando dijo desconocer el convenio internacional de confidencialidad para el seguimiento de operaciones financieras suscrito por El Salvador, el fiscal general, Luis Martínez, sostuvo que la legislación salvadoreña para combatir el lavado de dinero prohíbe la divulgación pública de las investigaciones sobre transacciones financieras sospechosas que lleva el Ministerio Público.
“No conozco las disposiciones precisas de la legislación estadounidense, pero sí conozco la ley salvadoreña y, como les he dicho, está el artículo 22 de la Ley de Lavado y Activos y que precisamente prohíbe este tipo de comentarios”, dijo Martínez al referirse a las revelaciones que hiciera el presidente Mauricio Funes sobre un informe confidencial del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Con este supuesto informe estadounidense, Funes trató de vincular al expresidente Francisco Flores con un supuesto desvío de 10 millones de dólares que donó el gobierno de Taiwán al Instituto Libertad y Progreso.
El artículo 22 que trajo a cuenta el fiscal Martínez señala que “toda la información que se obtenga en la investigación del delito del lavado de dinero y de activos será confidencial, salvo que sea requerida conforme a la Ley en la investigación de otro delito”.
El analista estadounidense Richard Douglas, consultado por El Diario de Hoy, explicó que la divulgación hecha por Funes, supuestamente para incriminar al exmandatario Flores, tiene una clara dedicatoria de uso político de una información restringida para el sistema judicial.
Agregó que esa acción de revelar información confidencial con la que estaría violando el convenio Egmont, del cual El Salvador es suscriptor, estaría rozando en un conflicto diplomático con el gobierno estadounidense.
Incluso la semana pasada, el fiscal Martínez puso en duda la legitimidad de un supuesto reporte de operaciones sospechosas del Departamento del Tesoro con relación al destino de los 10 millones de dólares que Funes divulgó públicamente en un canal de televisión. Las dudas llegaron hasta el color del papel del informe que mostró Funes durante la entrevista, porque, según Martínez, el informe que él tiene no está a colores.
Douglas, quien cuenta con amplia experiencia en la División Criminal del Departamento de Justicia de Estados Unidos, sostuvo que “si alguien tiene datos del Departamento del Tesoro o del Grupo de Acción Financiera es porque alguien ha entregado estos datos, voluntariamente, y probablemente con malicia”. Agregó que “esa información es privilegiada y eso no se comparte con nadie fuera de las autoridades indicadas dentro del gobierno interesado”, y eso puede llevar a un conflicto diplomático, advirtió.