El director del penal de Ciudad Barrios, en San Miguel, Félix Antonio Ruiz Soto, es el tercer funcionario en su rango en ser destituido por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, tras atribuirle “falta de confianza en su ejercicio”, afirmó ayer el director general de Centros Penales, Ródil Hernández.
“Han sido removidos de sus cargos los directores de los centros penales de Izalco (en Sonsonate), Cojutepeque (en Cuscatlán) y ahora Ciudad Barrios (San Miguel). La razón es pérdida de confianza en el desarrollo de las funciones que han realizado”, dijo Hernández, ayer en la clausura de capacitación de autoayuda en beneficio de las internas del Penal de Ilopango.
El funcionario aclaró que la medida en contra de los directores también es el resultado de una serie de pruebas de confianza (polígrafo) que se desarrolló desde de hace algunos meses.
“Las pruebas dieron signos que realmente no nos permiten seguir depositando la confianza en ellos”, subrayó el director de penales.
El ministro Ricardo Perdomo también atribuyó estas destituciones a las investigaciones de inteligencia que se han venido desarrollando en la cartera al facilitar el ingreso de ilícitos a las cárceles.
El funcionario aclaró que el Ministerio de Justicia fundamentó su decisión en que los cargos de directores de penales son de confianza y “se necesita gente empeñada en llevar a cabo la política penitenciaria y hacerlo conforme a derecho”.
Hernández aclaró que la “pérdida de confianza” no se limita solamente a que haya ingreso o no de ilícitos a los penales, aunque eso es parte”.
Tiene más que ver más con “obediencias” y “sujeción a las normas” que deben regirse dentro de los centros penales, concluyó.
Los otros directores que fueron destituidos de sus cargos son Adrián Abarca Molina, de Cojutepeque, y Rigoberto Palacios de Izalco.
En estos penales se encuentran los cabecillas de las pandillas 18 y MS. Además, han sido centros donde, en los últimos días, se han realizado requisas y se han encontrado teléfonos celulares y sus accesorios, además droga y armas blancas.
De acuerdo con el ministro de Justicia, los resultados de las investigaciones de inteligencia han sido remitidas a la Fiscalía General de la República.
Aunque el ministro de Justicia, en otro evento de Penales, afirmó que son más de 40 empleados entre operativos y administrativos en ser removidos de sus cargos, el director de Penales dijo ayer desconocer el total de empleados en causar baja por supuestas irregularidades en sus funciones.
“El dato de cuántos han sido removidos por irregularidades es hoy menor que en los años anteriores; ahora se ha individualizado quiénes son los malos empleados en el ingreso de ilícitos y poniéndolos a disposición de las autoridades”, subrayó Hernández.
Uno de los casos fue un custodio en Mariona, quien fue sorprendido cuando introducía 105 gramos de cocaína.