EE.UU. condiciona Fomilenio II a clima de inversión y al estado de derecho

MCC no sólo atribuye el aplazamiento de la firma al impasse legislativo como dijo el gobierno

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La zona costera debe de diversificar sus inversiones, más allá del atractivo turístico y logístico. Foto EDH / Archivo

Por nacional@eldiariodehoy.com

2013-12-05 7:00:00

La Corporación de la Cuenta del Milenio (MCC) demandó al Gobierno de El Salvador que “mejore el clima de inversión y fortalezca el Estado de Derecho” para poder acceder a los $277 millones del Fomilenio II para el desarrollo de la zona costera.

“MCC ha decidido diferir la firma del ha decidido diferir la firma del compacto para brindar tiempo adicional para que el GoES progrese en las reformas que son necesarias para mejorar el clima de inversión y fortalecer el Estado de Derecho”, dice la misiva oficial enviada por Kamram M. Kham, vicepresidente de operaciones de convenios de la MCC.

La notificación, dirigida al secretario técnico de la presidencia, Alexander Segovia, tiene fecha 4 de diciembre, día en el que este funcionario y el presidente Funes culparan del aplazamiento de la firma a la Asamblea Legislativa por el impasse para aprobar reformas a la ley de asocios públicos privados y la ley de lavado, a las cuales se ha opuesto específicamente el partido de gobierno FMLN.

Pero más que aludir al desacuerdo legislativo, la misiva es clara en decir que “dándole seguimiento a la decisión de la Junta Directiva de MCC, el CEO Daniel Yohanness expresó su expectativa sobre que el Gobierno de El Salvador necesitaba tener un progreso tangible y sostenido en mejorar el clima de inversión y el fortalecimiento del Estado de Derecho”.

Este mismo fue el mensaje que la embajadora de EE. UU. Mari Carmen Aponte, formuló hace dos semanas, pero que fue recibido con enfado por el presidente Mauricio Funes.

La embajadora dijo que “había que mejorar el clima de inversión y el Estado de Derecho”, a lo que Funes respondió que “él no estaba para servir a diplomáticos, sino al pueblo salvadoreño”.

El Gobierno ha mantenido una relación tirante y de continuos ataques al sector privado salvadoreño y le ha restado importancia a la principal cúpula gremial del país, la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP).

Sin embargo, y reforzando lo dicho por Aponte, la carta de la MCC enfatiza que el clima de inversión y el Estado de Derecho “son necesarios para el crecimiento económico continuo en El Salvador, en general, y para el éxito del convenio en particular”.

La MCC “reconoce los esfuerzos y el progreso que El Salvador ha hecho en avanzar en algunas reformas de leyes como parte de nuestro continuo diálogo. Sin embargo, hemos notado algunos elementos importantes del plan que aún no han sido alcanzados”.

En este punto, aparentemente alude a las gestiones para aprobar las reformas a la ley del lavado y la de asocios público-privados, a las cuales se ha opuesto tenazmente el partido oficial FMLN y esto ha incidido para que no se aprueben.

Pero también es probable que haya pesado el enfrentamiento que el presidente Funes sostuvo con el influyente senador demócrata Patrick Leahy y otros líderes del Congreso.

“El Salvador aún sigue siendo un país con instituciones débiles donde la independencia del Poder Judicial ha sido atacada, la corrupción es generalizada y las organizaciones criminales han prosperado”, declaró en septiembre Leahy, quien preside el Comité de Apropiaciones del Senado de Estados Unidos.

El senador dijo además que había que reforzar de manera significativa la institución de la Fiscalía General y de la Policía para combatir el lavado de dinero, el cual calificó de “un problema creciente y que está impulsando las formas ilegítimas de hacer negocios”.

Funes calificó esas declaraciones de una “intromisión en los asuntos internos” y una falta de respeto” al país y a él. Leahy reaccionó diciendo que esperaba que Funes rectificara sus comentarios y que le hubiese dicho que estaba desinformado.

A esto abonó el candidato del FMLN, Salvador Sánchez Cerén al decir: “Yo creo que no tiene nada que rectificar. Es el presidente de la República y él ha expresado cómo ve el país y ve un país que tiene fortaleza institucional…”.

Pero Funes se vio obligado a llamar al presidente de la MCC para, y según la Casa Presidencial, “aclaró dudas y reiteró su compromiso con el combate a la corrupción, el narcotráfico y el lavado de dinero, así como el respeto a la institucionalidad, la democracia y la independencia de los Órganos del Estado” .

Sobre este punto, Alexander Segovia afirmó que en la carta que recibió de MCC no se hace referencia a “conflictos institucionales” o al choque entre Funes y Patrick Leahy.

“Hay gente que habla sin saber. Otros lo hacen con malas intenciones. No existe otra razón que no sean las reformas; si estas se hubieran aprobado en noviembre el convenio ya estuviera firmado, pero la plata no viene de inmediato”, se cerró el secretario.

Pero antes de Leahy, hubo dos congresistas influyentes estadounidenses que apuntaron la falta de resolución de los problemas de corrupción y el enfrentamiento entre el sector privado y el gobierno, como debilidades y requisitos para optar por un Fomilenio II.

Así lo expusieron en una carta dirigida a la MCC el pasado 25 de abril los congresistas Matt Salmon, presidente del Subcomité de Relaciones Exteriores para el Hemisferio Occidental, y su colega demócrata Albio Sires, jefe de la minoría en ese mismo comité.

Incluso felicitaron a la MCC por “retrasar aún más” la aprobación del desembolso hasta que la embajada de EE. UU. concluyera “con éxito un diálogo político” para resolver esos dos temas puntuales.

“Nosotros, el presidente y el miembro de mayor rango en el Subcomité sobre el Hemisferio Occidental del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes del Congreso, respectivamente, estamos preocupados por los informes que hemos recibido sobre la falta de cumplimiento en El Salvador de estos importantes requisitos”, escribieron Salmon y Sires a la MCC.