Que las empresas telefónicas proporcionen la información de inmediato a la Fiscalía y Policía sobre todo número telefónico que esté siendo utilizado para extorsionar con señal desde un penal; que sea regulado el nivel de potencia de las señales de los celulares en los contornos de los centros penales y que las empresas puedan hacer una depuración de sus registros de clientes para eliminar los usuarios que hayan muerto.
Esas solo son tres de las siete reformas a la Ley de Telecomunicaciones que el ministerio de Justicia y Seguridad Pública pidió ayer a la Asamblea Legislativa.
El titular del ramo, Ricardo Perdomo, explicó que las modificaciones que han solicitado buscan “cerrar los espacios a la criminalidad a través de llamadas desde los centros penales y también de llamadas de cualquier delincuente en el país, con ello se impediría cometer un hecho delictivo”.
Agregó que también permitirá que policías y fiscales puedan actuar de inmediato con el propósito de que puedan capturar a los extorsionistas antes de delinquir.
Perdomo sostuvo que las reformas a la ley obligarán a las compañías telefónicas a brindar en el menor tiempo posible la información sobre el origen, destino y la ubicación de donde están saliendo las llamadas telefónicas y desde cualquier localidad.
Aclaró que no se trata de que las telefónicas proporcionarán a las autoridades el contenido de las llamadas sospechosas ni que harán una intervención, sino más bien brindarán los datos necesarios de los números telefónicos que estén siendo usados para extorsionar a un ciudadano. “Que podamos solicitar a la compañía telefónica quién es el abonado, dónde está ubicado, es decir, la información georreferencial y la bitácora que nos permita comprobar que estuvo llamando a la víctima”, dijo Perdomo.