La Red Centroamericana de Centros de Pensamiento e Incidencia, pidió a los legisladores hacer reformas a las leyes penales para que los delitos de corrupción no prescriban con el tiempo, como sí ocurre actualmente.
Lo anterior fue planteado por el guatemalteco, Mariano Rayo, durante su alusión al estudio regional denominado “Fortalecimiento de la Transparencia en Centroamérica: Mecanismos para la prevención, detección, denuncia y sanción de la corrupción”
“Hay un tema que es controversial, nosotros lo proponemos y es la no prescripción de los delitos de corrupción en contra del patrimonio y los fondos del Estado. En nuestros países hemos encontrado de que muchas veces esa responsabilidad se limita a un par de años después de abandonar el cargo y nosotros proponemos que no sea prescriptible los delitos de corrupción”, planteó el guatemalteco Mariano Rayo.
El estudio a nivel regional se centró en la utilización de los recursos del Estado.
De acuerdo con Eduardo Stein de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), de Guatemala, es usual en los países de la región que los funcionarios estén “mamando de la teta de los recursos públicos”.
Habló que “la mala reputación de los políticos casi siempre se acompaña con la debilidad institucional, que parece endémica”, en los estados del Istmo centroamericano.
Por su parte, Jorge Benavides, de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo (Funde) apuntó que cada vez existen más denuncias ciudadanas en contra de funcionarios corruptos, pero calificó de “lamentable que no haya un seguimiento a los casos ni mucho menos una sanción”.
En la actividad se mencionó la poca participación ciudadana en la elaboración del Presupuesto General de la Nación y que tampoco existen auditorías a medio año o al año en torno a como se han ejecutados esos presupuestos.
Se consideró como retos para la prevención de la corrupción estatal el que haya procesos abiertos para la designación y remoción de los funcionarios encargados de las instituciones contraloras de la cosa pública, como la Corte de Cuentas, en el caso de El Salvador.
Se argumentó que no se respeta la autonomía ni la independencia de estas instituciones porque los funcionarios son nombrados por los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa, lo cual los ata a los intereses de los legisladores.
Forman parte de la Red, centros de pensamiento de Guatemala, Nicaragua, Honduras y Costa Rica.