“El Sitramss legalmente no existe, mucho menos el sistema de recaudo electrónico”, está es la razón según transportistas agremiados en ATP, Acopatt y AEAS por la cual las autoridades del VMT quieren reformar el artículo 27, numeral C, de la Ley de Transporte Terrestre.
Al reformar el mencionado artículo daría facultades a la Viceministerio de Transporte (VMT) para que administre y garantice la implementación del sistema de transporte masivo de pasajeros, “es decir al Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador “, dicen los transportistas.
La iniciativa fue recibida el 9 de abril por el órgano Legislativo y presentada por el Ministerio de Obras Públicas (MOP).
Juan Pablo Álvarez, representante legal de Acopatt, ruta 29, denunció que con la reforma lo único que está buscando el gobierno es “entregarle nuestras concesiones a una empresa denominada Sipago (Sistema Integrado Prepago)”.
Esta empresa está conformada por un grupo de transportistas del área metropolitana de San Salvador.
“Lo que están tratando de hacer es darle vida al sistema masivo de transporte colectivo de pasajeros, es decir al Sitramss. De paso, en ese mismo artículo ponen algunos aspectos, como obligar a los actuales operadores a ser desplazados a cualquier sector del país para operar”, expuso Álvarez.
Como ejemplo, el transportista explicó que las unidades de la ruta 29, de Acopatt, podrían ser enviadas por decisión del VMT a otras zonas o donde hay deficiencia (a criterio del VMT) del servicio público de pasajeros.
El estudio del consorcio EM&A sugiere al gobierno reorganizar el transporte público que ingresa desde el oriente del país hacia San Salvador. Deberán reestructurarse 35 nuevas rutas alimentadoras del Sitramss, por lo que saldrán de circulación a 800 unidades de transporte público.
“Ya lo dijo el ministro (MOP): ‘voy a sacar 800 buses del sector de Soyapango’, y el gran problema es que los pretende ir a meter, mediante esta reforma, a La Libertad, a Usulután y otros sectores”, argumentó Roberto Soriano, presidente de la Asociación de Transporte Público de Pasajeros (ATP).
Es por ello que los transportistas dijeron que pedirán a Fiscalía General de la República (FGR) y a la Asamblea Legislativa que investigue a Sipago y los contratos de fideicomiso. Según ellos, son víctimas de bloqueos de permisos de línea por parte de las autoridades si no firman contratos con Subes.
“Sabemos que todo lo que está haciendo el VMT y el MOP hasta este momento es completamente ilegal”, dijo Genaro Ramírez, presidente de AEAS.
Exigen pago subsidio
Ayer en conferencia de prensa, las gremiales también exigieron a la Asamblea Legislativa que solicite un informe al VMT del porqué no les ha pagado la compensación de diciembre de 2012 y de casi 11 meses de este año.
Las gremiales informaron que el gremio de transporte está en números rojos.
“No tenemos, igual que el año pasado, para pagarle los aguinaldos a nuestros empleados. Pero esperamos que a más tardar la próxima semana, el gobierno nos cancele lo que nos adeuda para evitar cualquier medida que se puedan tomar por la misma crisis que se vive actualmente”, dijo Soriano.
En ese sentido, los buseros no descartan que los usuarios sean afectados en los próximos días por cualquier medida de protesta de los motoristas.