La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) cuestiona si existe voluntad real por parte del Estado de combatir el lavado de dinero, pues las reformas a la Ley de Lavado de Dinero y Activos aprobada de forma “deliberada” por la Asamblea Legislativa son “deficientes e incompletas”, al dejar por fuera a las Personas Expuestas Políticamente (PEP). En lo anterior coincide el fiscal general, Luis Martínez.
“La Asamblea Legislativa, de forma deliberada, excluyó de las reformas a la Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos a las Personas Expuestas Políticamente (PEP), quienes deberían ser las primeras incluidas. Esto permite concluir que no se tiene la intención de combatir efectivamente dicho delito y que se desea que ciertas personas no queden comprendidas dentro de la ley”, dice Fusades en su más reciente Posición Institucional.
En efecto, el pasado 5 de diciembre los diputados aprobaron con 83 votos La ley de Lavado de Dinero y Activos e incluyeron a jueces, medios de comunicación, empresarios y ONG, pero dejaron fuera a los PEP.
Para el tanque de pensamiento, no puede ser que se aprueben leyes deficientes para que en el camino se vayan enmendando los errores o deficiencias.
“Es preocupante que en el país se estén aprobando, a propósito, leyes deficientes e incompletas y que la ciudadanía tenga que poner sus esperanzas en una observación, un veto presidencial o en su posterior reforma”, se apunta en el documento.
“Sobran ejemplos de leyes que se han aprobado de tal manera, y uno de ellos es la Ley Especial de Asocios Público Privados (Ley APP), que ni ha entrado en vigor, y ya se están pidiendo reformas debido a sus deficiencias”, sostiene Fusades.
Se recuerda en el documento que el combate del lavado de dinero es establecido a través de recomendaciones que hace el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el cual tiene varios organismos regionales, como el Grupo de Acción Financiera del Caribe (Gafic), “al cual pertenece El Salvador y cuya membresía lo obliga a acatar las recomendaciones del GAFI”.
El fiscal general, Luis Martínez, cuestionó la actuación de los diputados porque, según dijo, “empiezan las maniobras políticas y ya le dan vuelta completamente a lo que se había acordado en la comisión respectiva”.
Martínez aseguró que ya le envió al Presidente Mauricio Funes un pliego de “observaciones bien fundamentadas”, para que las tome en cuenta, y que tienen que ver con la inclusión de los PEP y sobre la adición de nuevos delitos en las reformas a la Ley de Lavado.