Tras varios intentos de reformar la Ley contra el Lavado de Dinero y Activos, la Asamblea Legislativa aprobó ayer modificarla para cumplir con las exigencias del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), y además, por la urgencia de los EE.UU. de que los cambios a dicha normativa condicionan la entrega del Fomilenio II, así como las modificaciones a la ley de Asocios Público-Privados, en las que aún no hay consenso entre los diputados.
El aval a las reformas de la ley contra el lavado de dinero viene poco después que el presidente Mauricio Funes, exhortara a los legisladores a darse prisa en hacer las enmiendas, a raíz de las recomendaciones que funcionarios de la Corporación del Milenio le hicieran, y le informaran que los $277 millones de ayuda de los EE.UU. para desarrollar las zonas costeras del país, se entregarán después de las elecciones de 2014.
Para los diputados no fue fácil aterrizar en las modificaciones a la ley contra el lavado de dinero. La discusión fue un estira y un encoge entre el FMLN y el resto de partidos políticos. De hecho, Funes urgió al FMLN a dar sus votos.
Los artículos 2 y el 9 de la normativa los mantuvo en permanente discordia, ya que el partido oficialista pujó porque no se detallara en un listado a las personas o instituciones que estarán sujetos a la aplicación de la ley.
Todavía ayer Antonio Echeverría, diputado del FMLN, insistió en que lo ideal era haber dejado que serán tanto las personas naturales y jurídicas los que deberán ser regulados en la normativa.
El martes pasado la Comisión de Seguridad acordó incluir dentro de la regulación a las asociaciones deportivas, inversoras nacionales e internacionales, así como droguerías, laboratorios farmacéuticos y farmacias, sin embargo, Echeverría dijo que sacaron a las droguerías del listado.
A última hora y aún cuando ya habían sido retirados del listado, el FMLN pidió que se incorporaran a jueces, fiscales y medios de comunicación. También se incluye a los bancos nacionales y extranjeros, a las financieras, microfinancieras y cajas de crédito, bancos cooperativos y titularizadoras, casas de cambio de moneda extranjera, importadoras o exportadoras de productos o insumos agropecuarios, entre otros.
Otro punto que detuvo la pronta aprobación de los cambios fue que el FMLN justifica que no es necesario incluir a los diputados en las “personas expuestas políticamente”. Echeverría argumentó que están dentro de la regulación de los partidos políticos.
En la ley se establece que estos, así como todos los detallados en el artículo 2 están obligados a informar a la Unidad de Investigación Financiera (UFI) de la Fiscalía de sus operaciones mercantiles cuando sobrepasen de $10 mil.
En tanto que las reformas a la Ley de Asocios Público-Privados, están cuesta arriba. El FMLN dice rechazar totalmente la propuesta de ARENA de incluir a los particulares en las concesiones para los sistemas de drenajes de aguas lluvias y de aguas negras.
Para Lorena Peña, del FMLN, lo anterior es una “privatización encubierta del agua”. Entre las modificaciones se plantea que la Agencia de Promoción de Exportaciones e Inversiones de El Salvador (Proesa) se cree por decreto legislativo para que opere como ente rector de la ley.