La Asamblea Legislativa aprobó el jueves 14 reformas a la Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos en las que no incluyó a funcionarios de alto nivel como entes obligados a brindar información, tal como lo ha pedido el Grupo de Acción Financiera sobre Lavado de Dinero (Gafi).
El Gafi, que supervisa a los países que no combaten el lavado de dinero, ha presionado en días anteriores para incluir en la legislación que las Personas Expuestas Políticamente (PEP), es decir funcionarios desde presidentes hasta fiscales y diputados, presenten a las autoridades que lo requieran, el origen lícito de cualquier transacción que hagan. (Leer nota aparte).
El jueves pasado, sin embargo, los diputados se enfrascaron en un extenso debate en el que no se logró incluir a las PEP, pero sí a otros entes como los medios de comunicación y jueces.
En el transcurso de la discusión, la bancada de ARENA pidió que se incluyera en la legislación a las PEP, pero solo lograron el respaldo de la bancada del PCN.
El diputado Ernesto Angulo, de ARENA, criticó la negativa del FMLN y sus aliados para dar sus votos por esta enmienda, y pidió que fueran incluidos los presidentes y expresidentes, aun los de su partido. “No tengo miedo”, dijo.
Donato Vaquerano, jefe de bancada de ARENA, expresó que así como el FMLN quiere regular a los medios de comunicación y periodistas, esa medida debe abarcar también a los diputados, quienes tienen fuero constitucional.
Pero más adelante, contrario a la propuesta tricolor, el FMLN pidió que se incorporara como sujetos obligados a brindar información de sus transacciones a los fiscales, consorcios, gremiales empresariales, medios de comunicación y jueces, una propuesta que solo fue respaldada por el partido Gana y la bancada de exareneros.
Antonio Almendáriz, del PCN, criticó esta incorporación por considerar que a los medios de comunicación no ingresan fondos que no sean propios de sus actividades comerciales.
El pecenista, por el contrario, consideró que con sus propuestas de reforma el FMLN intentó “boicotear” las enmiendas para que éstas regresaran a la comisión de Seguridad para seguir analizándolas.
A juicio del diputado suplente del PDC, Arnoldo Marín, esta enmienda implica una “persecución de antemano” para los medios de comunicación y un “atentado a la libertad de expresión”.
En tanto, el candidato presidencial de ARENA, Norman Quijano, mostró su desacuerdo con la inclusión de los medios de comunicación en las reformas.
“Yo creo que se les fue un poco la mano, yo creo que a los medios de comunicación no tenían porqué haberlos incluido, eso puede en determinado momento servir para estar amenazando, para estar amedrentando, para estar coaccionando a través de una ley en la cual, a mi juicio muy personal, los medios de comunicación no tenían que haber estado”, dijo.
Es más, consideró que son los políticos los que deben ser incluidos en la normativa. No obstante, el candidato se mostró satisfecho por la aprobación de las reformas en general, aunque lamentó que aún queda aprobar las relacionadas con la Ley de Asocios Público Privados (APP), con lo que se busca mejorar el clima de inversión en el país.
Además del Gafi, que podría poner en una lista negra al país si no se combate el lavado de dinero, la Corporación de la Cuenta del Milenio ha pedido la aprobación de dicha normativa como uno de los requisitos para entregar el Fomilenio II para el desarrollo de la zona costera del país.
Acusaciones mutuas
Mientras las reformas eran discutidas, ARENA y el FMLN se acusaron mutuamente de tener doble discurso.
ARENA criticó que el FMLN, por un lado, no quiera que se incluya en la ley de lavado a los funcionarios de alto nivel y a los diputados como entes obligados a brindar información, y por otro, haya apoyado la creación de una comisión especial para investigar el destino de una donación de Taiwán al Gobierno entre 2003 y 2004.
Asimismo, el FMLN señaló que ARENA se esté negando a formar dicha comisión, al tiempo que pide incluir a los PEP en la ley de lavado.
Por su parte, Gana coincidió con el FMLN en que los diputados no pueden ser incluidos en la ley porque son parte de los partidos políticos, otro de los entes obligados que incluye la enmienda aprobada el jueves.
Gallegos también expresó que respeta la opinión del Fiscal General de la República (FGR), Luis Martínez, quien dijo el jueves pasado en su cuenta de Twitter no estar de acuerdo con las últimas reformas aprobadas por la Asamblea en el pleno, e inclusive dijo que pediría que el presidente observe los cambios a la ley de lavado de dinero.
“Yo diría que es una opinión respetable pero la última palabra la tiene el señor Presidente de la República”, dijo.
Por su parte, el director ejecutivo de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Arnoldo Jiménez, consideró risibles las enmiendas propuestas por el FMLN al no incluir a los diputados como sujetos de la ley.
“Es una ley aplicable a todo el mundo, a todas las organizaciones con excepción de los diputados y de los partidos políticos; entonces, da risa porque nosotros hemos visto dentro de los diputados y los partidos políticos que hay muchos problemas, ha habido diputados que han estado vinculados al narcotráfico, que está presos en Estados Unidos por lavado de dinero”, manifestó.
A juicio de Jiménez, también hay partidos que obtienen ayuda de empresas extranjeras, lo cual puede convertirse en un terreno fértil para la corrupción.
“Vemos partidos políticos donde se está canalizando dineros del extranjero a través de sus empresas, porque ya partidos políticos son propietarios de empresas estatales donde manejan fondos públicos como si fueran estos fondos privados y todo este tema afecta la democracia y crea un ambiente propicio para la corrupción; entonces yo creo que los primeros que deberían estar sujetos a la ley de lavado son los políticos, son los diputados, son las personas políticamente expuestas, los que les llaman PEP en la ley de lavado de dinero. Si ya todos los demás estamos, ¿por qué no los políticos?”, cuestionó.
Las reformas a la ley de lavado aprobadas ayer, además, incluyen como sujetos obligados a las asociaciones deportivas, inversoras nacionales e internacionales, laboratorios farmacéuticos y farmacias, además de los operadores de telefonía.
Las enmiendas establecen que los entes obligados deberán informar por escrito a la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Fiscalía, en un máximo de cinco días, de las transacciones cuando estas sean igual o superiores a los $10 mil en un mismo día.
Otro de los puntos que no logró los votos de las bancadas del FMLN y Gana fue la petición del PDC para que el delito de lavado de dinero prescribiera hasta después de 30 años y no de 10 años como en la actualidad.
Al final, el paquete de enmiendas, que están en discusión desde hace varios meses, fue aprobado en sentido general con 83 votos.