Walter Portillo es una persona con discapacidad visual que el 22 de octubre de 2012 fue cesado como director del Centro de Rehabilitación de Ciegos Eugenia de Dueñas. Asegura que el Instituto de Rehabilitación Integral ((ISRI) le notificó por escrito que lo destituía del cargo por “falta de confianza”.
Junto a la carta de despido, afirma Portillo, le dieron la promesa de que lo reubicarían en otra dependencia del ISRI. Mientras tanto, en noviembre y diciembre le encomendaron algunas actividades que ejecutó en los centros de rehabilitación de oriente y occidente. El Diario de Hoy consultó al ISRI sobre el caso de Portillo, pero al cierre de esta nota no habían dado una respuesta.
De acuerdo con Portillo, su despido se debió a que en los 32 meses que estuvo al frente de la institución se esmeró por mejorar las condiciones de atención en ese centro desde el principio de su gestión en febrero de 2010. En varias ocasiones vivió encontronazos con el ISRI, pues no se ceñía a las políticas con las que esa entidad había manejado el centro de ciegos.
En cuanto llegó hizo algunos cambios y trató de inculcar en los empleados una mística de trabajo en bienestar del sector al que el centro se debía: a los ciegos.
“Mi objetivo principal era trabajar”, dijo.
Más lo que, aparentemente, el ISRI no toleró, fue la oposición que, según Portillo, hizo al cierre del internado de niños y niñas que había en el centro. Esa área facilitaba el acceso a la rehabilitación a quienes, por vivir lejos, tenían dificultades para viajar a diario hasta San Salvador.
Según Portillo, el cierre del internado se debió a que consumía el 33 % del presupuesto del Centro de Ciegos. “Se me atropellaron mis derechos, no se me trasladó como me habían dicho”, explicó Portillo, quien es profesor de matemáticas y tiene baja visión. Agregó que su caso no es único. “El problema es que, en atención en educación y en lo laboral nunca se han considerado los espacios para que las personas con discapacidad den el cien por ciento de su capacidad”, lamenta.
Según Portillo, cuando una persona con discapacidad es despedida de su trabajo, el Conaipd (Consejo Nacional de Apoyo Integral a la Persona con Discapacidad) debería velar porque los derechos de esas personas no sean irrespetados. Pero “esa entidad no hace nada”. Al menos no lo ha hecho en su caso y en el Alexander Kellman. “En el caso de Álex Kellman y mi caso, nadie reclamó nada”, argumentó Portillo.
Pero Portillo no solo lamenta la indiferencia del Estado y de las instituciones gubernamentales que atropellan los derechos laborales o discriminan a las personas con discapacidad.
Para él, toda la sociedad debe ser solidaria y comprensiva con las personas con discapacidad. “Somos seres humanos. Lo primero es eso. Los esfuerzos son de derecho, de reconocimiento a la persona y no a la discapacidad”.
La indiferencia, según Portillo, es también común entre las mismas organizaciones de personas con discapacidad, mismas que nunca han logrado definir objetivos comunes. Objetivos que tampoco tienen claros las personas con una misma discapacidad. Esa desunión les resta fuerza para exigir que se cumplan sus derechos, tal como lo manifestó el relator especial sobre discapacidad de las Naciones Unidas, Shybe Chalklen, quien a mediados de noviembre estuvo en El Salvador.
Chalklen pidió a las diversas organizaciones unirse, pues solamente de esa forma tendrán fuerza para exigir sus derechos al Estado y a la sociedad salvadoreña.