El presidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, enfatizó ayer que no pagará las dos multas que el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) le impuso por no revelar los nombres, salarios y partidos a los que pertenecen los asesores del Congreso.
Afirmó que mientras la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no emita una resolución final sobre la demanda que interpuso por la sanción impuesta no acatará la orden de funcionarios de otras entidades que pueden “abusar” de la ley”, aseveró.
“Yo también tengo derecho a acudir a un Tribunal cuando la ley ha sido atropellada y se ha pervertido. No es un tema de una multa”, afirmó.
Reyes tampoco asistió a las dos audiencias públicas a las que lo convocó el Instituto. Los comisionados de esta entidad lamentaron que no sólo faltó a su derecho de respuesta, sino que tampoco envió a ningún delegado oficial.
Es de recordar que la Ley de Acceso a la Información Pública fue avalada por la Asamblea Legislativa y figura entre las leyes emblemáticas que el gobierno del presidente Mauricio Funes enarbola.
A la fecha, el presidente del Primer Órgano del Estado acumula dos sanciones económicas. Una de ellas es de $666 que el Instituto le ordenó cancelar por negarse a brindar información de los técnicos legislativos a un ciudadano que así los solicitó.
La primera multa abarcó tanto a Reyes como a los 14 directivos de la Asamblea. El monto total fue de $9,324, que repartido entre los 14 legisladores le correspondía cancelar a cada uno $666.
Pero sólo los cuatro diputados exdirectivos de ARENA: Margarita Escobar, Alberto Romero, Roberto d’Aubuisson y Carmen Elena Calderón de Escalón terminaron pagando la sanción impuesta al fondo general de la Nación, aun cuando publicaron datos de sus asesores en la página web y de Facebook del partido.
Los diputados del FMLN y Gana también se negaron a proporcionar los datos de sus asesores, bajo el argumento de que publicar información de ellos sería atentar contra su integridad personal.