Casos como el conflicto de la Comisión Ejecutiva del río Lempa (CEL) y las conferencias de la Corte de Cuentas señalando como culpables a ex funcionarios sin haber sido juzgados debilitan el frágil estado de derecho del país, considera la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) en su boletín de estudios legales.
El tanque de pensamiento muestra su preocupación por que con el no cumplimiento del laudo arbitral que ganó la italiana ENEL al Gobierno por su asocio con LaGeo, además del requerimiento fiscal por peculado contra varios ex funcionarios de CEL y LaGeo se “pretenda criminalizar una política económica de los años noventa, que se originó en una normativa vigente como la Ley General de Electricidad, entre otras”.
Fusades plantea que “dicha política (energética) puede ser buena o mala, conveniente o inconveniente, efectiva o inefectiva”, pero que en todo caso en el ordenamiento jurídico existen mecanismos para evaluar esa política.
Para esto, recuerda que existe “una serie de mecanismos para poder revisar, modificar y anular leyes y actos jurídicos que se relacionan y dan sustento a la respectiva política”. Entre ellos menciona que no se pidió, por ejemplo, la inconstitucionalidad del artículo 119 de la Ley General de Electricidad, donde se sustenta la política energética de CEL-Enel, y que tampoco se solicitó la declaratoria de lesividad ante la Sala de lo Contencioso Administrativo.
Fusades, entonces, manifiesta que “Es un mal precedente buscar incriminar penalmente a quienes gestaron una política económica conforme a la ley, cuando antes ni siquiera se usaron los medios jurídicos ordinarios para modificar el sustento jurídico de esa política”.
Corte de Cuentas
El tanque de pensamiento también analiza el caso de la Corte de Cuentas cuando el presidente de la institución, Rosalío Tóchez, manifestó en conferencia informativa que había unos hallazgos en una serie de expedientes ya prescritos, de 1999 a 2003, acusando a instituciones por malversación de fondos.
De acuerdo al boletín legal, “esta actuación equivale a un juicio público, sin las garantías de un verdadero proceso, lo que va en contra de la misma Ley de la Corte de Cuentas y que atenta contra la presunción de inocencia y el honor de las personas, ambas de rango constitucional”, señala.
Fusades establece en este caso que “bajo ningún concepto los titulares de una institución pueden señalar a una persona de ser responsable cuando no se le ha vencido en un proceso previo”.
El tanque de pensamiento concluye que si hay casos de corrupción deben investigarse, pero “con base en un proceso constitucionalmente configurado”.