Más de 1,200 maestros amenazados y extorsionados

La Policía Nacional Civil registra 28 asesinatos de estudiantes y cuatro maestros en 2013

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A pesar de la vigilancia en algunas escuelas, lo docentes siguen siendo amenazados.

Por Jaime López sucesos@eldiariodehoy.com

2013-11-28 8:00:00

Más de 1,200 maestros han solicitado traslado de los centros educativos donde están destacados porque han sido amenazados de muerte y extorsionados por parte de las pandillas, denunció el Sindicato de Maestros con participación Comunitaria (Simeduco).

La intimidación a los educadores es porque se resisten a regalarles notas a hijos de pandillas o porque impiden el cometimiento de ilícitos en las aulas como vender droga, guardar armas de fuego y el reclutamiento de menores.

No hay maestro que no sea extorsionado en el país, las pandillas les exigen de 30 a 50 dólares mensuales y en épocas especiales como diciembre, sumas entre 200 a 300 dólares.

Estos hechos demuestran que los maestros han dejado de ser los segundos padres de los niños y adolescentes del país; desde hace dos décadas han perdido el respeto de sus alumnos; para convertirse en víctimas de sus amenazas y extorsiones, lamentan los docentes aglutinados en Simeduco.

En este tiempo no hay una escuela, de las 5 mil 100 que existen, que no sufra del flagelo de la extorsión, asegura el secretario general de Simeduco, Francisco Zelada.

Lo peor del caso, relatan los maestros, es que juntas de padres de familia con acceso a las planillas de pago del personal docente de los centros educativos, podrían al parecer, estar confabulados con las pandillas y filtrarles la información salarial de los maestros que después es utilizada para chantajearlos.

La cuota que le asignan a un profesor no es la misma para los demás del centro educativo, porque algunos tienen descuentos por créditos bancarios y no reciben el total de sus sueldos.

Ningún maestro puede atribuir a un olvido o a una emergencia de última hora (como muerte de algún familiar, accidentes o gastos inoportunos) para no dar su aportación a las pandillas del sector, porque ya es sujeto de amenazas, dice Zelada.

Los profesores aseguran que ya no soportan esa situación y buscan ayuda al Ministerio de Educación (Mined), la Policía (PNC) y Fiscalía (FGR).

Los agobiados maestros se quejan de no obtener de inmediato el apoyo de las instituciones de seguridad.

Para algunos afectados, la situación es más crítica, pues las maras les han ordenado que no se presenten a dar clases en determinados centros escolares, sino quieren ser asesinados y aparecer en bolsas negras.

Los más odiados son los que imparten matemáticas y que han aplazado a sus hijos.

Cuando no es posible pasar de grado a los hijos de los mareros, grupos de sujetos esperan al maestro en las afueras del centro para darle un ultimátum.

El agremiado manifestó que cuando los maestros han solicitado el traslado de una escuela a otra, el Mined los ha despedido.

El ministro de Educación, Franzi Hato Hasbún, dijo que con frecuencia se reúnen con representantes de Simeduco, pero a “veces se dicen cosas que no son ciertas”.

“Ellos participan en una comisión que yo he formado: integrada por la Fiscalía, Policía, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Gobernación, para que todos los gremios expresen sus problemas de seguridad y evaluar cada caso”, subrayó Hasbún.

El titular de Educación manifestó que a él llega cada caso, los cuales debe evaluar, “no les puedo decir sí a todas solicitudes de traslados que me hacen. No todos los casos se refieren a problemas de seguridad, hay otras solicitudes que se refieren a otros aspectos que debo evaluar”.

“Este año no ha sido pésimo en seguridad como dicen ellos, al contrario, nosotros hemos respetado los acuerdos en mejorar su calidad, sus ingresos, no hemos modificado el acuerdo del escalafón”.

Sin embargo, si bien el director departamental les ha avalado el traslado de un centro educativo a otro, la asistencia se la siguen tomando en cuenta en la misma escuela , de donde fue amenazado.

Lo cierto es, según los maestros, que luego de varias ausencias les promueven el despido por abandono de sus obligaciones.

Este es el caso de dos maestros de Ahuachapán y uno de La Libertad, asegura Zelada, quienes fueron cesados por la misma situación.

Para los casos de emergencia por amenazas de muerte a un maestro, la Asamblea Legislativa creó un decreto transitorio en 2010-2011 que autorizaba al Mined a realizar el traslado de un profesor.

En esas condiciones se resolvió el problema de varios maestros, pero la Ley venció y ahora queda a decisión del Director Departamental de Educación y las autoridades centrales.

Todo pareciera que las actuales autoridades se rehusan a atender sus solicitudes si el maestro no es del partido oficial.

Ante el eminente peligro que corren los maestros, Simeduco pidió a los diputados que aprueben un decreto que autorice el traslado de los maestros amenazados a muerte por extorsiones y otras causas, al igual que por otras razones bien justificadas.

“Ya se envió la propuesta para garantizar la vida de los maestros y el derecho al trabajo. Además para revivir el principio humanitario de la clase de maestros”, explicó el docente.

Para fundamentar las solicitudes de movimiento de una escuela a otra, los maestros aseguran haber presentado copia de denuncia hecha a la Fiscalía y Policía, pero aún así corren el riesgo de despidos.

Aunque no se ha precisado la verdadera razón del homicidio, Simeduco denunció que este año han sido asesinados cuatro maestros, a quienes presumen que los mataron por no pagar la “renta” o porque impidieron un ilícito dentro de la institución.

La realidad que experimenta el sistema educativo del país es grave, dicen algunos maestros.

Las pandillas no solo merodean los centros educativos para reclutar a niños y adolescentes, sino para utilizarlos de cobradores de “renta”, traslado y comercio de drogas en el interior de las escuelas.

Zelada manifestó que se aprovechan de los niños de 5, 7 y 10 años para comercializar droga, ya que saben que de ellos, no hay mayor sospecha de ilícitos por parte de la Policía.

Plan Escuela Segura

Todos estos hechos surgen paralelamente al plan “Escuela Segura” que impulsa el Gobierno entre los ministerios de Justicia y Seguridad Pública con apoyo de la Policía Nacional Civil y el Mined.

Simeduco sostuvo que este plan no funciona, al contrario, vuelve a las escuelas con esa declaratoria más vulnerables.

Zelada relató la experiencia que vivió en San Pablo Tacachico en 2008, cuando dicho centro fue declarado “Escuela Segura”.

Una semana después, todos los maestros que nos encontrábamos ahí fuimos amenazados y obligados a trasladarnos a otros centros educativos del país.

El subdirector de la Policía, Mauricio Ramírez Landaverde, afirmó que este año el plan ha dejado buenos resultados: menos estudiantes asesinados, la cifra bajó de 70 en 2012 a 28 este año.

Agregó que las extorsiones se han reducido en un 10 por ciento desde 2010 a la fecha.

El comisionado Ramírez Landaverde manifestó que se reunirán con las autoridades del Mined para evaluar los resultados del plan durante 2013 y para plantear si se sumarán nuevos centros educativos para 2014.