De “ilegal” calificó el viceministro de Transporte, Nelson García, la decisión de los diputados que busca garantizar que en el país se pueda pagar el transporte publico a través de tarjeta prepago o con dinero en efectivo.
Además el funcionario dijo que no usar el cobro electrónico pondría en riesgo la compra de buses articulados y padrones que realiza la empresa de buseros Sipago.
García afirmó ayer que la medida aprobada por los diputados la semana pasada pone en riesgo los proyectos de “modernización del transporte, incluido el Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador (Sitramss)”.
El jueves pasado, los diputados de la Asamblea Legislativa, excepto los del Fmln, acordaron modificar la Ley de Transporte para dar opciones de la forma de pago en el transporte público.
Pero García expuso ayer que recaudar la tarifa del pasaje de forma electrónica es un requisito para que el Banco de Desarrollo de Brasil (Bndes) otorgue el crédito a los transportistas agremiados en el Sistema Integrado Prepago (Sipago), quienes son los que comprarán los 60 buses articulados y 130 padrones del Sitramss.
Los transportistas agremiados en Sipago han gestionado un préstamo con el banco brasileño de $43 millones. A la fecha se desconocen los detalles del crédito, desde el plazo, las cuotas, los intereses y garantías.
“Lo primero que requiere Bndes es que haya un fideicomiso donde vayan todas las tarifas y eso les sirva de respaldo para poder garantizar el préstamo de la compra de las unidades”, acotó.
García aseveró que entre diciembre de este año y enero de 2014 vendría al país el primer lote de 34 buses.
En la página web del VMT se informa que la primera entrega constará de cuatro unidades de buses articulados y de 12 autobuses padrón, los cuales vendrán en diciembre.
“Con este decreto ponen en peligro la adquisición del segundo contingente o segundo lote de buses”, dijo ayer y solicitó al presidente Mauricio Funes que vete la modificación a la ley de Transporte.
Además argumentó que a quien le corresponde definir la política tarifaria es al Ejecutivo, a través del Ministerio de Obras Públicas. En ese sentido afirmó que la Asamblea Legislativa está “invadiendo facultades” que solo le corresponden al Ejecutivo. E insistió en que la medida tiene tintes políticos electorales.
Pese a los problemas que podrían tener si el cobro electrónico no se realiza de forma exclusiva, el viceministro negó que eso retrase el envío del primer lote de los buses articulados y padrones.
El viernes, miembros de Sipago opinaron que el decreto podría afectar “todo” lo relacionado con el cobro electrónico y con el Sitramss.
“El decreto todavía no es ley, por lo tanto no podemos decir que se retrasa nada, más bien creo que lo que vamos a solicitar al presidente de la República es su veto para poder continuar con los proyectos de modernización”, dijo.
García argumentó que como el decreto aún no es ley, el cobro electrónico en la zona de Santa Tecla y Ciudad Merliot sigue siendo obligatorio para los usuarios. El funcionario aseguró que mientras no tengan una respuesta del Ejecutivo, ya sea que vete, sancione o modifique la medida, todo seguiría “igual”.
Respecto a las denuncias de la semana pasada de transportistas de la zona de Soyapango, Ilopango y San Martín de que el VMT no les brinda detalles sobre en qué condiciones quedarán las rutas dentro del Sitramss, García dijo que han mantenido reuniones con “varios” buseros y microbuseros para informarles sobre su incorporación al Sitramss.
“No estamos sacando a nadie del sistema, se lo hemos informado de forma frecuente a los empresarios”, aseveró.
Pero este discurso difiere de lo que expresaron la semana pasada los transportistas de la ruta 29 microbús, San Bartolo, y los agremiados a Casit denunciaron que tienen poca información sobre el Sitramss.