La Iglesia católica calificó de “injusta” la pretensión del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de sancionar a los medios de comunicación por difundir spots, cuñas, desplegados o campos pagados que, a juicio de la entidad, atenten contra la normativa electoral.
El Arzobispo de San Salvador, monseñor José Luis Escobar Alas, sostuvo, durante su conferencia dominical, que los medios de comunicación no tienen la capacidad o la función de enjuiciar la propaganda electoral. Si se les obliga a hacerlo, advirtió el prelado, se les estaría dando un rol diferente al que tienen: informar.
“No soy de la idea (de que se sancione a las empresas de comunicación) porque me parece que los responsables son los institutos políticos. Si es un campo pagado, la sanción tendría que ir al instituto y este debe ser responsable de lo que está publicando”, expresó monseñor Escobar Alas.
Esta es la segunda ocasión en la que el líder de la Iglesia salvadoreña se pronuncia llamando al TSE y a las demás instituciones del Estado a no limitar la libertad de expresión y el trabajo de los medios de comunicación con el argumento de evitar una “campaña sucia”.
Esgrimiendo la Ley de Partidos Políticos y el Código Electoral reformado, el TSE ha amenazado a los medios con sanciones económicas y penales si no cumplen con lo que se les ha requerido en una notificación que el 23 de octubre anterior les hizo llegar a presidentes y directores de las empresas de comunicación.
La semana pasada, el magistrado del TSE, Fernando Argüello Téllez, negó que en la normativa electoral haya una disposición que hable específicamente de multar a los medios, como lo ha asegurado el presidente del organismo, Eugenio Chicas. Él ha dicho que el Código Electoral establece sanciones de hasta de $40,000 para el partido político responsable del anuncio y el medio que lo transmita.
A la oposición de la Iglesia católica se ha sumado la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), cuyo presidente, José Luis Benítez, cree que es equivocado querer imponerles a los medios que decidan qué material pueden o no publicar.
Con vistas a las elecciones presidenciales de 2014, el arzobispo de San Salvador también exhortó ayer a los partidos políticos en contienda a que realicen una campaña donde haya “un verdadero sentido democrático”.
Aunque el arzobispo dijo que se mantendría al margen de las propuestas o actividades que hagan los aspirantes a la presidencia, aseguró que la Iglesia católica estará vigilante de que la campaña sea de altura y una fiesta cívica.
“Estamos vigilantes de que la campaña sea llevada adelante bien… debemos ser respetuosos de este libre juego de sana competencia”, señaló monseñor Escobar Alas.
Avanza creación de oficina arquidiocesana
Por otra partel, el arzobispo de San Salvador aseguró ayer que el proceso de fundación de la oficina que sustituirá a Tutela Legal está avanzando, por lo que podría quedar constituida antes de que acabe el año.
Aunque Escobar Alas no profundizó en los detalles del trabajo que hará el organismo arquidiocesano, manifestó que lo que se pretende es que la nueva instancia vele por los derechos humanos de las víctimas de hechos pasados y los actuales.
“Queremos una instancia actualizada que no solo vea los hechos del pasado, sino los actuales. Nunca la idea fue abolir este servicio de la Iglesia como se ha dicho, es una calumnia”, dijo el prelado.
Escobar Alas aseguró que el pasado 31 de octubre él y otros sacerdotes se reunieron con sobrevivientes y familiares de las víctimas de masacres cometidas durante la guerra de los 80, a quienes la oficina de Tutela les dio asistencia.
Durante el encuentro, según el prelado, les explicaron que los archivos con los casos que atendió Tutela Legal estaban protegidos y les garantizaron que nadie podía violar la confidencialidad de los mismos. Además, les dijeron que los documentos solo estarían disponiles en favor de las víctimas en los casos judiciales.
El arzobispo se mostró satisfecho con que un día después de la reunión, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia admitiera una demanda de amparo que inhibe a la Secretaría de Cultura de la Presidencia y a la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural declarar los archivos de Tutela Legal como un Bien Cultural.