El abogado y exministro de Justicia y Seguridad, Francisco Bertrand Galindo, explicó que la “resolución razonada” es un acto arbitrario y de abuso por parte del Viceministerio de Transporte (VMT) para imponer un sistema de cobro electrónico y generar un monopolio de forma “escondida”.
Galindo dijo que desde el inicio se debió reformar la Ley de Transporte, estipular el tipo de recaudación en el sistema público de transporte y los requisitos que deberían cumplir las empresas proveedoras del sistema electrónico de cobro.
¿Qué facultades tiene una “resolución razonada”?
Si se van a cambiar las reglas de juego, se tiene que hacer vía legislativa. Las reglas se deben fijar en la Ley de Transporte, los requisitos de los operadores se debe autorizar desde la ley y se desarrolla en un reglamento. Para que pueda ser obligatorio el sistema debe estar en la ley.
Entonces, ¿la resolución razonada puede obligar al usuario a pagar de forma electrónica?
En lo personal, creo que no. Pero esto es un servicio privado, siendo privado puede asignar una determinada forma de pago… pero eso es diferente al tema que el gobierno lo obligue.
¿Cuál es el problema?
Es que el gobierno está obligando a que solo ese mecanismo se use, y no lo hace en base a una ley. Es una resolución cualquiera, el viceministro atribuyéndose una categoría que no le da el reglamento.
¿Quién es el que debe adoptar el mecanismo de cobrar o no en efectivo?
El dueño del bus es el que debe adoptar el mecanismo, el que sea, si es en efectivo o no. Pero aquí, con la “resolución razonada”, lo que sucede es una deformidad, el gobierno le fija y le dice: el único mecanismo es la prepago; o sea, le mantengo su concesión si y solo si use como único mecanismo el prepago.
¿Qué pasaría si no existiera esa “resolución razonada”?
Le aseguró que si no existiera así de tajante, el empresario permitiría usar, por lo menos por bastante tiempo o cuanto fuera necesario, la tarjeta y el dinero. O sea, haría un mecanismo más progresivo, porque al busero le interesa que se suban los pasajeros.
¿Esta obligación es legal o no?
Mi tesis es que para que fuera obligatorio todo el sistema, esto debe tener permiso legislativo, no basta con una simple “resolución razonada”.
¿Qué debió hacerse desde el inicio?
Para mi debería facultarse al VMT, en la Ley, a que fije un sistema de recaudación.
Creo que es de tal implicación el tema, que esto tiene que estar en la ley, es un tema de reserva legislativa, porque es un mandato y una obligación tal que requiere ese permiso.
¿Qué hay detrás de la “resolución razonada”?
Escondido a esto, va un monopolio. Yo no he visto ninguna resolución que autorice a la empresa (SUBES), a que sea la única que entregue ese sistema. Distinto es que le hubieran permitido a cada transportista que negociara con quien quisiera ese servicio del prepago.