La sentencia que ayer dictó el Juzgado 7o de Paz en el caso CEL-Enel ha dejado distintas reacciones, pero convergen en un punto: la Fiscalía General de la República no tenía evidencia sobre las acusaciones contra 21 exfuncionarios del gobierno de Francisco Flores.
Para el abogado y exministro de Seguridad, Francisco Bertrand Galindo, las valoraciones que hizo la jueza Carmen Solís son positivas y confirman lo que se había venido diciendo: que había una ley habilitante bajo la cual se condujeron los exfuncionarios al celebrar el contrato para la explotación geotérmica con la empresa italiana Enel Green Power.
“La sensación que me queda es positiva en cuanto a la capacidad de la jueza, que confirma que es un requerimiento muy débil (de parte de la Fiscalía ante el tribunal)”, afirma Bertrand Galindo.
Para el abogado, el punto está en que la valoración que hace la jueza en todos los elementos que presentó la Fiscalía, al menos lo que se publicó hasta ayer, va a en contra de la Fiscalía General en que no había sustento en el caso que presentó contra varios implicados, entre ellos Guillermo Sol Bang, expresidente de la CEL, y Miguel Lacayo, ex titular del ramo de Economía en la administración de Francisco Flores.
“Para que realmente podamos hablar de un caso tiene que ser porque hubo una mala fe de los funcionarios, una intencionalidad en beneficiar a unos terceros y una intencionalidad en hacerle daño al gobierno, a los bienes de la CEL y en ninguno de esos dos extremos ha sido aprobado por la Fiscalía”, analiza el doctor Bertrand Galindo tras conocer el fallo.
Si esas partes no se tienen, añade, “el juicio se cae”, que es lo que asegura ha pasado en este caso, y que confirma que el requerimiento que hizo la Fiscalía “está mal hecho”.
Para otro analista, Facundo Guardado, el delito de peculado (enriquecimiento ilícito) nunca lo vio en este caso de manera individualizada, tal como lo ha pretendido comprobar la parte acusadora.
“Me pareció más un juicio sumario, un atarrayazo para acusar a medio mundo sin ninguna evidencia”, asevera Guardado.
Pero hay otro punto que resalta el exdirigente efemelenista y es que el fallo sobre este caso refleja que los jueces no están en campaña electoral, pues ellos no van a elección popular.
“Estos casos son para los que están en campaña, los jueces no están obligados a estar en campaña”, afirmó Guardado y no dudó en afirmar que todo este proceso responde más a fines políticos electorales que a cuestiones judiciales.
Este caso ha sido promovido desde el Ejecutivo y se ha vuelto un tema bandera del presidente Mauricio Funes en cada intervención pública.
También ha recibido el apoyo de varios partidos de la Asamblea, al punto de que integraron una comisión para investigar el caso y que llegó a las mismas conclusiones que el Ejecutivo.
Pero ese informe de la comisión legislativa fue rechazado por ARENA, tanto que ayer uno de sus diputados que integró esa comisión dijo que la resolución de la jueza confirma lo que ellos siempre argumentaron: que no hay evidencias de las acusaciones que se hicieron en contra de los exfuncionarios.
“La jueza de Paz anticipa una opinión en vista de que ella no ha encontrado pruebas, se lo pasa a un juez de instrucción para que él decida. Me parece que la decisión puede ser correcta”, afirma Mario Valiente, legislador arenero y miembro de la comisión CEL-Enel.
Es más, Valiente dice que no sabe “en qué luna vive el Fiscal” cuando habla de un perjuicio económico para el país de $1,800 millones como se ha argumentado en este caso.
“En vista de que esas son las pruebas no cabe ninguna duda de que todos van a ser sobreseídos, y acuérdese usted que hay una carta de Nicolás Salume de 2005 en la que felicita y congratula a Enel Green Power por los resultados obtenidos cuando ya tenían tres años de estar operando”, refiere Valiente.
Mientras tanto, el candidato presidencial de ARENA, Norman Quijano, dijo que toda la ciudadanía está pendiente de un caso que tiene tinte electoral más que jurídico.
“Toda la sociedad salvadoreña está atenta y pendiente de este suceso que tiene profundos propósitos electorales; más que de un hecho jurídico es político lo que se está ventilando en esa instancia judicial y yo creo en la honradez de las personas que están siendo cuestionadas”.
Este medio buscó la opinión de los candidatos Antonio Saca (Unidad) y Salvador Sánchez Cerén (FMLN), pero no respondieron a la solicitud; también se contactó a diputados de la comisión legislativa CEL-Enel del PCN, FMLN y Gana, pero no respondieron a sus teléfonos celulares.