La protesta de un grupo de usuarios del transporte público por la obligatoriedad del cobro electrónico en los buses fue reprimida por agentes de la Policía, ayer, en la carretera al Puerto de La Libertad.
Los manifestantes son residentes de la comunidad Las Piletas, del caserío El Riel y del cantón Corinto, de La Libertad, quienes bloquearon tres tramos de la carretera en protesta por obligarlos a pagar con tarjeta en la ruta 102.
Un contingente de la Unidad del Orden y del Mantenimiento (UMO), de la Policía Nacional Civil (PNC), reprimió a hombres y mujeres que exigen tener la opción de pagar en efectivo. La calle fue desbloqueada a eso de las 9:30 de la mañana.
Sin embargo, por la tarde retomaron la protesta. La dinámica que tenían era bloquear un tramo de la carretera y luego entrar a sus casas; de esa manera cuando la UMO llegaba a despejar la vía no encontraba a los manifestantes. Y mientras los policías despejaban un área, otros lugareños bloqueaban otro sitio. Esta dinámica duró alrededor de una hora, lo que afectó el tráfico de la zona.
A partir del lunes pasado, los motoristas de la ruta 102 no aceptan efectivo, ya que aseguraron que están siguiendo al “pie de la letra” la disposición del Viceministerio de Transporte (VMT) de que a partir del 1 de noviembre solo se podría pagar con la tarjeta en las 33 rutas de buses y microbuses que tienen instalados los aparatos. Estas rutas hacen sus recorridos entre Santa Tecla y la capital.
En la mañana, durante la protesta la PNC capturó a tres hombres, a quienes identificó como Edwin Mejía, de 26 años; Jorge Hernández, de 30, y José Landaverde, de 28 años. Los detenidos fueron trasladados a la delegación policial del Puerto de La Libertad y serán acusados por el delito de desórdenes públicos.
El lunes y ayer, los pobladores, con pancartas en manos, han expresado su rechazo a la tarjeta prepago que vende la empresa Sistema Único de Boletos Electrónicos (Subes).
El representante de Astrall, de la ruta 102, Jarvin Rodríguez, aseguró ayer que pese al descontento e inconformidad de los usuarios continuarán con la medida de no aceptar efectivo, a menos que las autoridades del Viceministerio de Transporte les ordenen lo contrario.
Al respecto, el ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, aseguró ayer que “no se puede detener el paso al futuro”, refiriéndose a que la modernización del sistema de transporte público no tiene marcha atrás.
Los usuarios de la ruta 102, de La Libertad, no son los únicos descontentos con la obligatoriedad de pagar solo con la tarjeta prepago. En el punto de microbuses de la ruta 42, en el centro de San Salvador, los usuarios muestran desinterés y rechazo sobre este sistema.
Mauro Castro, que todos los días se traslada desde la zona del Zurita hacia Ciudad Merliot, aseguró que la tarjeta es un “mal negocio” para los usuarios, debido a que no siempre podrán recargar la tarjeta debido a la mala situación económica. “Al usuario no le conviene, porque andamos con el dinero justo”, explicó. Pese a que su situación económica no le permitiría recargar constantemente la tarjeta expresó que cuando esta sea obligatoria la tendrá que comprar.
El presidente de la Asociación Cooperativa de Transportes de El Salvador (Acostes), que agrupa a las rutas 42C, 42A y 42E microbús, Catalino Miranda, aseguró que no dejarán de darle el servicio al usuario, aunque pague su pasaje en efectivo.
Al hacer referencia a la medida que han tomado transportistas de la ruta 102, de no dejar subir a los usuarios a las unidades si no pagan con tarjeta, opinó que debe “tomarse con cautela lo que sucede”. Acotó que el problema de que los usuarios no quieran usar la prepago ya no es competencia de los dueños de los buses y microbuses, sino del VMT y de Subes.
“Aunque nosotros hemos puesto los validadores, estamos en la disposición de ir acatando poco a poco las resoluciones demandadas por el ente rector (VMT), pero es hasta ahí”, dijo.
Miranda aseguró que los motoristas agremiados en Acostes no andarán tarjetas para vender, tampoco una prepago para pasarla por el validador cuando el usuario le pague en efectivo, tal como lo informó la semana pasada el viceministro García.
“Lo que nosotros hemos buscado siempre es que el motorista no toque dinero…, pero si ellos van a vender las tarjetas, van a tocar dinero, los empresarios quedamos a la merced de una quiebra segura”, comentó.
Ante el malestar de los usuarios por el cobro obligatorio de tarjeta, la comisión de Obras Públicas de la Asamblea Legislativa acordó el lunes reformar el artículo 3 de la Ley de Transporte. Al reformarse el artículo en mención las personas podrían pagar tanto en efectivo como con la tarjeta prepago.
El representante legal de Acopatt, Juan Pablo Álvarez, una de las gremiales que ha criticado fuertemente el sistema implementado en Santa Tecla y Ciudad Merliot, dijo que la reforma estaría demostrando que el VMT “no puede de una manera totalitaria obligar a la gente a solo pagar con la tarjeta”.
Álvarez explicó que desde que el VMT, Subes y Sipago echaron a andar el proyecto se han vulnerado los derechos constitucionales de los transportistas y de los usuarios.
Aseguró que al usuario se le ha vulnerado el derecho de pagar el pasaje “bajo la moneda de curso legal”, mientras que a los empresarios no les permiten la libre asociación, ya que los presionan a que se asocien a la empresa Sipago y a firmar contratos con Subes. “De lo contrario no nos quieren renovar los contratos de concesión”, acotó.
El transportista dijo que espera que en la plenaria de mañana se apruebe la reforma al artículo 3 de la Ley de Transporte.
Para el ministro de Obras Públicas son los motoristas los que se “resisten”. “Inclusive hay motoristas que han quitado los validadores o maltratan al ciudadano. Hay una articulación con las pandillas. Aquí coinciden los políticos que están azuzando, los pandilleros que saben que no va a haber dinero para poder robar ahí y los extorsionistas, y los viejos operadores que no se han querido modernizar, que son una minoría”, aseveró.
Martínez denunció que hay motoristas que incitan a los usuarios a que paguen en efectivo. Para el funcionario esa es una forma de “sabotear” el sistema de cobro electrónico.