La empresa española Indra, que ha sido contratada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para la transmisión de los resultados electorales en 2014, supuestamente ha incumplido plazos y exigencias técnicas en un contrato con el Centro Nacional de Registros (CNR) en un proyecto de modernización de inmobiliario y catastro.
Así lo aseguró el director ejecutivo de la institución, Enrique Argumedo, quien dijo que en los próximos días enfrentarán un arbitraje porque dicha empresa multinacional no ha cumplido con los parámetros técnicos del proyecto “Servicios de Verificación de Derechos y Delimitación de Inmuebles de los Departamentos de Chalatenango, Cuscatlán y Cabañas”, correspondientes al programa “Midiendo El Salvador”, una nueva versión del denominado “Chambita Medidor”.
Según Argumedo, los problemas comenzaron en septiembre de 2009, seis meses después de iniciar el proyecto. Más adelante, en junio de 2010, hubo un segundo diferendo técnico que obligó al CNR a una mediación técnica con un experto del Instituto Cartográfico de Francia, realizada entre septiembre de 2010 y mayo de 2011.
“Cuando nos presentaban el trabajo de ellos (Indra) notábamos que no estaba bien hecho. Porque así como en las encuestas hay un pequeño margen de error, nosotros consideramos que esos errores que ellos cometían no eran tolerables. Si queremos verificar derechos y delimitarlos, y se presentan con tantos defectos, entonces no estamos haciendo nada”, explicó el titular del CNR.
Argumedo aseveró que en 2011 la empresa española había solicitado un plazo de 19 meses para continuar con el proyecto, pero que no fue suficiente, por lo que el CNR inició un proceso sancionatorio contra la empresa multinacional.
El funcionario agregó que Indra solicitó un nuevo plazo de 26 meses para concluir el proyecto, pero según la legislación sólo se puede dar una prórroga. Asimismo, Argumedo dijo que la empresa adujo fuerza mayor o caso fortuito, pero no fue posible porque el contrato no lo permite, según Argumedo.
“Entramos a un proceso sancionatorio, dándoles el debido proceso y la oportunidad de audiencia, pero ellos nos piden nuevo plazo, les dijimos que legalmente no podíamos dárselo”, acotó.
Ante ello, la empresa pidió un arbitraje porque consideró que se le estaban violando sus derechos contractuales. “El consejo directivo (del CNR) recibió la petición y estamos porque los árbitros nombrados por ellos y nombrados por nosotros se reúnan para nombrar un tercero y que comiencen”, indicó Argumedo.
Según dijo, a más tardar en este mes de noviembre será nombrado el tercer árbitro, porque “cuando hay un conflicto ambas partes desean darle fin lo antes posible a esa incertidumbre”, aseveró.
Piden indemnización
La firma española, según Argumedo, solicitó una compensación económica bajo el argumento de que han gastado más de lo que esperaban.
De acuerdo con el director del CNR, la empresa pide $17 millones como indemnización, la misma cantidad por la que Indra fue contratada para el proyecto de medición de inmuebles.
“Dicen que han gastado más de lo esperado. ¿Y si hubiera sido al revés y hubieran tenido una ganancia exorbitante, nos hubieran dicho ‘mira, CNR, le devolvemos esta cantidad porque mucho estamos ganando’?”, cuestionó Argumedo.
De acuerdo con el director del CNR, el arbitraje no significará una erogación demasiado onerosa al Estado, ya que se trata de una cifra menor que la solicitada por la empresa española, aseveró.
“Estamos hablando de cifras mucho menores. No lo puedo decir porque son honorarios de un árbitro y no sé como lo viera pero es… mucho menor de 50 mil dólares lo que nos constaría. No son aquellos altos números”, sostuvo.
Detalló que para pagar el arbitraje se requiere de una transferencia presupuestaria, “si no en menudo lío nos meteríamos porque ¿de dónde sacamos el dinero?”, dijo.
Por el momento, aseveró Argumedo, el proyecto no ha sido paralizado, sino que el producto que reúne los requisitos es aceptado, pero el que no, es devuelto a la empresa.
Argumedo evitó pronunciarse respecto a si este caso podría afectar la contratación de Indra por parte del TSE para la transmisión de los resultados electorales en febrero de 2014. Tampoco aseguró si la ley inhibe a la empresa para hacerlo.
“Nosotros no sabemos lo que cada quien está haciendo. No sé lo que puede estar sucediendo en cualquier otra institución autónoma”, acotó.
Se buscó una opinión de Indra pero su oficina de comunicaciones en España prefirió no pronunciarse al respecto (ver anexo).