El diputado Edwin Zamora, de ARENA, cuestionó ayer varios de los argumentos en los que la Fiscalía General de la República (FGR) se basó para pedir el juicio de nueve personas a quienes acusa de “peculado” (desvío de dinero público) en la concesión de la energía geotérmica firmada entre la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) y la italiana Enel Green Power.
Zamora es uno de los diputados que integran la comisión especial legislativa que también analizó el caso durante varios meses paralelamente a la investigación que hizo la FGR y cuyo informe fue enviado a esa entidad.
Entre las interrogantes que Zamora dice tener y que según él la Fiscalía debió tomar en cuenta para emitir su resolución, es que en la administración del expresidente Elías Antonio Saca, este pidió en 2004 a una firma de abogados que determinara si el contrato entre CEL y Enel era “lesivo” para el Estado.
Zamora afirma que la respuesta del despacho de abogados la recibió Saca en 2005 y que efectivamente revelaba que el convenio entre CEL-Enel era “lesivo” para el país.
Ante esto Zamora cuestiona que aún cuando el contrato se dio en 2002, Saca tenía la potestad de acuerdo con la Ley General de Electricidad de anular el convenio y no lo hizo.
“Mi pregunta es: siendo que la ley de El Salvador le permite a un funcionario anular un contrato lesivo para el Estado en un periodo de 4 años, el presidente (Saca)… ¿por qué no lo declaró nulo en ese momento?, tenía la oportunidad”, reflexionó Zamora.
Y no solo eso, según el legislador tricolor, Saca envió una carta al exprimer ministro de Italia, Silvio Berlusconi en diciembre de 2005 expresándole que la relación entre El Salvador con Italia y la empresa Enel era “maravillosa”. Esto porque la firma italiana es un asocio público en Italia.
A criterio de Zamora lo anterior son “contradicciones” que la Fiscalía debió tomar en consideración en su informe.
Otra de las interrogantes que Zamora tiene es con relación a la “ilegalidad” que la FGR aduce en el traspaso de las acciones entre la CEL y Gesal, hoy LaGeo, en 1996 y de esta a Inversiones Energéticas (INE), posteriormente.
Recuerda que trámites similares se realizaron con entidades como la Unidad de Transacciones, y la Empresa de Transmisión Eléctrica de El Salvador (Etesal), la generadora de alto voltaje. Dijo que después se transfirieron los activos.
“¿Quiere decir que todas las otras operaciones de traslados de activos a sociedad anónima es ilegal también?”, cuestionó. La comisión legislativa CEL-Enel no se reunió ayer.