Es la Asamblea Legislativa la única autoridad para otorgar concesiones a Sociedades Anónimas de Capital Variable (S. A. de C. V.) como Enel e INE, señaló el abogado defensor Luis Edgar Morales Joya. Por lo que, a su juicio, en lugar de que la Fiscalía esté tratando de enjuiciar a exfuncionarios de CEL son los diputados los que deberían acatar un fallo de la Sala de lo Constitucional que les ordena revisar y resolver si mantener, poner plazo o terminar con las concesiones que en su momento fueron hechas a las sociedades antes mencionadas.
“El proceso propio del mercado es que si yo comienzo a invertir comienzo a ganar. Así lo pactaron (al concesionar). Lo que pasa es que no se ha tomado en cuenta que si al Estado ya no le conviene eso, pues hay que cortar la concesión, y eso solo lo puede hacer la Asamblea Legislativa, pero ¿por qué no lo han hecho?”, cuestionó.
Para Morales Joya, el Estado no quiere hacerlo porque implicaría desembolsar una buena cifra de dinero en concepto de indemnización a Enel, una mucho más grande que la presunta pérdida de CEL de $1,800 millones, que la Fiscalía argumenta es culpa de los exfuncionarios.
En ese sentido, el defensor argumentó que la Fiscalía ni siquiera podría conseguir una condena de responsabilidad civil, ya que hubo un error de la Fiscalía en la definición de concesión: “Lo que se concesionó no fue el subsuelo, ese sigue siendo del Estado; lo que se ha concesionado es la explotación”, explicó.
Lo anterior en relación a que la jueza Séptimo de Paz resolvió programar una audiencia especial con base en el Art. 46 del Código Procesal Penal, que se refiere a que el juez que ordena sobreseimiento por prescripción de la acción penal debe pronunciarse sobre la responsabilidad civil.
“La jueza es muy clara al determinar que si hablamos de Sociedades Anónimas de Capitales Variables, la misma legislación dice que no se regirán por la LACAP ni por la Corte de Cuentas, porque todo va a estar dentro del marco privado; entonces, los bienes de LaGeo, ahora de la INE, no son de la hacienda pública, no se puede hablar de peculado. Por eso ella le dice a la Fiscalía que su juicio de tipicidad del delito está en crisis”, destacó el abogado defensor.