USULUTÁN. El rastro municipal de Berlín fue cerrado por la alcaldía el 1 de noviembre, y ahora el alcalde Carlos Cruz teme que aparezcan mataderos clandestinos.
Eso porque ninguno de los municipios cercanos cuenta con un rastro, lo que obligaría a los destazadores a ir a los mataderos de Usulután o San Miguel, aunque eso les incremente los costos.
Entonces el edil cree que es probable que los destazadores del municipio comiencen a matar los animales de manera clandestina.
“El problema es que nosotros solo tenemos algunos vigilantes, que no son un Cuerpo de Agentes Municipales (CAM) y por eso no podemos estar pendientes de esta situación”, señaló el alcalde.
Cruz explica que el cierre del rastro no fue una decisión suya, sino del exalcalde que cedió ante las presiones de varias carteras de Estado, que consideraron que el rastro era insalubre y ordenaron el cierre inmediato.
Añade que cuando asumió el poder municipal tanto la Corte de Cuentas de la República (CCR), los ministerios de Medio Ambiente (MARN), de Salud (Minsal) y la Fiscalía General de la República (FGR) le notificaron que el exedil ya había firmado un acuerdo y que debía cerrar.
“En enero me notificaron, pero yo traté de pedir espacio para buscar los fondos y mejorarlo, pero como no hemos tenido el dinero tuve que hacer lo que ellos decían”, dijo Cruz.
Pero los comerciantes de carne se quejan porque el jefe municipal no hizo nada para evitar dicho cierre.
Pide ayuda a Minsal
El alcalde dice que ahora es el Minsal quien debe de evitar que aparezcan rastros clandestinos, pero el jefe del Sistema Básico de Salud Integral (Sibasi), Juan José Romagoza, se desliga de esa responsabilidad.
Explica que el Minsal solo tiene presencia en los rastros legales y que ellos solo verifican la matanza, para certificar la calidad de la carne.
“Si surgen denuncias de rastros clandestinos quien debe actuar es la Policía Nacional Civil (PNC), nosotros tenemos inspectores de sanidad que se preocupan, en este caso, de capacitar al personal de la comuna que verifica los destazos”, señaló Romagoza.
Pero las sospechas del alcalde Cruz no son infundadas. Una destazadora que no quiso identificarse le dijo a El Diario de Hoy que todos los que se dedican a esa tarea le pidieron al munícipe que les autorizara el sacrificio de animales en sus casas.
Otra vendedora de carne y destazadora que solo se identificó como Amanda señaló que el cierre los pone en serios aprietos.
Ella dice que cada semana se sacrificaban en el rastro al menos 10 semovientes y cinco cerdos y que de los tres destazadores, solo ella ha seguido sacrificando y ha tenido que ir hasta San Miguel, lo que le incrementó en 60 dólares el sacrificio de cada res.
Pero según Salvador González, habitante del barrio El Centro, los únicos alegres con el cierre son las 600 familias que se veían afectadas por el rastro, quienes pusieron una denuncia en la FGR por la contaminación.