A tan solo horas de haber montado una conferencia informativa para anunciar que pediría la nulidad del contrato CEL-Enel, el presidente de La Corte de Cuentas de la República, Rosalío Tóchez, envió al director jurídico de la institución a la Fiscalía General de la República para hacer formalmente la petición.
“Es una solicitud de información remitido al Fiscal General de la República (Luis Martínez) en el que le estamos indicando que existe una serie de inconsistencias que hasta hoy no han sido resueltas en el tema de concesiones por razón de geotermia y electricidad”, manifestó Armando Laínez, director jurídico de la Corte de Cuentas.
Para el apoderado legal de Enel Green Power en El Salvador, Francisco Bertrand Galindo, la acción de la Corte de Cuentas no tiene fundamento jurídico y más obedece, a su juicio, a una cuestión de “tipo político”.
Desde semana antes, el titular de la Corte de Cuentas, Rosalío Tóchez advirtió que estaba cerca de “anular a ese contrato amañado”. El acudir a la Fiscalía General de la República, es solo uno de los pasos en busca de ese objetivo.
“En vista que es el Fiscal el único que tiene la representación del Estado para poder dar respuesta y proteger los intereses de éste, nosotros remitimos el informe a la institución para que ella lo diligencie ante la Sala de lo Contencioso Administrativo” de la Corte Suprema de Justicia, manifestó Armando Laínez.
Agregó que lo anterior es porque a su criterio no se está cumpliendo a cabalidad la sentencia de la Sala de lo Constitucional que en su momento definió que en el tema de las concesiones estatales necesariamente debería pasar por la aprobación de los diputados en la Asamblea Legislativa.
“Al no ser efectiva eso impide un trabajo por parte de la Corte de Cuentas en el tema de las concesiones”, argumentó Laínez al hablar con los periodistas.
Sin embargo, para Bertrand Galindo, la Corte de Cuentas está respondiendo a otras motivaciones que no tienen nada que ver con lo legal y jurídico.
“Yo creo que el accionar de la Corte de Cuentas está respondiendo más a una cuestión de tipo político”, consideró el abogado de Enel.
Aseguró que la Sala de lo Constitucional estableció en su fallo que las concesiones dadas antes de la sentencia siguen vigentes hasta que la Asamblea Legislativa las revise y defina qué hacer con ellas.
En ese sentido Galindo dijo que “ni la Fiscalía General de la República ni la Corte de Cuentas pueden venir ahora a decir que hay que tramitar la nulidad de las concesiones que se dieron vía la Siget”, manifestó Bertrand Galindo.
La sentencia de la Sala de lo Constitucional en esa materia se emitió en 2012.
Por su parte, el fiscal general, Luis Martínez, dijo ayer desconocer sobre el informe presentado por la Corte de Cuentas en sede fiscal.
Un dato interesante que ha encontrado la misma Corte de Cuentas y que difiere con los revelados por la Fiscalía es en cuanto al monto de los supuestos daños ocasionados al Estado en razón de la firma del contrato.
Mientras la Fiscalía asegura que el dinero a recuperar asciende a los $1,800 dólares, la Corte de Cuentas, los calcula en unos $20.2 millones.