La Fiscalía General se contradijo ayer en sus peticiones hechas durante la audiencia inicial en contra de 12 de los 21 acusados de haber participado en supuestas negociaciones irregulares entre la autónoma CEL y la empresa italiana Enel para convertir a esta última en socio estratégico en la explotación geotérmica.
Por un lado, demandó al Juzgado Séptimo de Paz que sean exonerados del cargo de peculado (apropiarse de recursos del Estado) y falsedad ideológica porque el tiempo para la ejercer la acusación penal ya se extinguió. Pero el Ministerio Público también le pidió que les embargue bienes inmuebles y se les congele las cuentas bancarias para que puedan responder a los supuestos daños causados a la autónoma.
La Fiscalía también pidió la detención para el resto de acusados (nueve) para garantizar la presencia de ellos en el proceso judicial, y que les sean embargados sus bienes, inmuebles y que les sean congeladas sus cuentas bancarias.
La contradictoria petición fiscal hecha durante la audiencia no fue del agrado de los abogados defensores de las 12 personas, por considerar que a éstas no les han probado que cometieron algún delito.
Los defensores coincidieron en la audiencia en solicitar al referido tribunal que exonere a sus clientes de los cargos, pero no porque se haya terminado para ejercer la acción penal, sino porque la Fiscalía no cuenta con las pruebas que demuestren que sus defendidos cometieron algún delito.
En ese sentido, los defensores pidieron a la jueza Evelyn de Solís que no les embarguen sus bienes e inmuebles porque la Fiscalía no ha demostrado que sus clientes tuvieron una conducta delictiva en el caso CEL-Enel.
La Fiscalía ha dicho que esa supuesta negociación irregular para que Enel participara en la explotación geotérmica le ha generado pérdidas económicas a la autónoma en el orden de los 1,800 millones 824 mil 929 dólares.
Esas cifras multimillonarias en pérdidas fueron refutadas por el abogado Luis Edgar Morales Joya, quien defiende al expresidente de CEL, Guillermo Sol Bang.
Morales Joya aseguró que la empresa italiana Enel es la que ha invertido en los proyectos de energía geotérmica y no la CEL, por no tener el capital suficiente.
“El socio estratégico ha invertido y CEL, sin haber invertido, ha obtenido ganancias, las ganancias de la CEL han aumentado, obviamente también las del socio estratégico”, dijo Morales Joya.
Agregó que a partir de 2004 en adelante y en especial en 2006, “ese incremento de dividendos se hace para la Enel, a raíz del aumento de la inversión que esta empresa ha tenido, definitivamente”, argumentó Morales Joya.
El abogado dijo que la Fiscalía ha omitido hablar de las acciones que CEL tenía en LaGeo y que se las transfirió a la empresa INE y esa situación no ha sido investigada por la Fiscalía, sostuvo.
Morales Joya aseguró que los fiscales han omitido hablar de las consideraciones jurídicas del Tribunal Arbitral de París, Francia, en el que establece que Enel tiene todo el derecho para poder exigir un aumento de capital a la CEL.
Arturo Muyshondt, quien defiende al exministro de Economía, Miguel Lacayo, y a Thomas Hawk, sostuvo que sus clientes llegarán al país para demostrar su inocencia en el proceso.
“En el caso del señor Lacayo, instigador es una palabra demasiado atrevida. La CEL es autónoma y él no pudo incidir en el voto de 14 o 15 personas que conforman la Junta Directiva (de CEL)”, afirmó.