Gremiales de buseros están denunciando que por no firmar contrato con la empresa que administra el cobro electrónico del pasaje están recibiendo diversos tipos de represalias de parte de las autoridades del Gobierno.
La Asociación de Transporte de Teotepeque (ATT), ruta 107, que hace su recorrido entre La Libertad y el centro de San Salvador, denunció que el Viceministerio de Transporte (VMT) le ha quitado el permiso de línea a una de las unidades por no querer firmar contrato con la empresa Sistema Único de Boletos Electrónicos (Subes).
La denuncia se suma a otra que hicieron el pasado 18 de noviembre buseros de la ruta 101-A y 101-B, de Santa Tecla, ellos aseguraron que el VMT les impide refrendar la tarjeta de circulación. El motivo es el mismo: por no firmar contratos con Subes y con el Banco de Desarrollo (Bandesal).
Hay unidades de la ruta 101A y B “bloqueadas” del sistema, según documento de Sertracen del 4 de noviembre.
Juan Pablo Álvarez, representante legal de la Asociación de Transporte de Teotepeque (ATT), que aglutina a 10 buses de la ruta 107, dijo que los buseros son presionados para que se sumen al proyecto de la tarjeta prepago que pretende implementar el VMT en la zona de Santa Tecla, Ciudad Merliot y La Libertad; esta es la primer fase .
El VMT emitió en octubre de 2011 una “resolución razonada” con lineamientos para implementar un nuevo sistema de recaudación de la tarifa en el transporte público de pasajeros del área metropolitana de San Salvador. Para ello, los transportistas deben firmar tres contratos: el de concesión con el VMT, con Subes quien instalará los aparatos y distribuirá las tarjetas prepago, y con Bandesal, que administrará la recaudación de la tarifa.
Álvarez puso de ejemplo el autobús con placas AB81059 el cual actualmente está eliminado del registro del VMT, pese a que cuenta con permiso de línea y con tarjeta de circulación, ambas vigente hasta febrero de 2014. Además tiene la resolución número 67848 emitida el 25 de mayo de 2013, por la Dirección General de Tránsito; en ella se incorpora a la unidad referida al sistema de transporte público.
El apoderado legal argumentó que el bus también está adscrito a la sistema de caja única. La certificación fue concedida y firmada por el actual director de transporte terrestre, Luis Escamilla, el 24 de junio de 2013.
Irregularidades
El representante legal de ATT señaló que las irregularidades iniciaron cuando el 23 de octubre un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) detuvo al bus por circular de forma “ilegal”. Pero el motorista le presentó todos los documentos que comprobaban la legalidad del servicio.
Pese a ello, según Álvarez, el oficial de Tránsito le decomisó la tarjeta de circulación, alegando que se había estacionado en eje preferencial en la 6a. y 10a. Calle Poniente y 21a. Avenida Sur, según consta la esquela de infracción número 3364185.
Según Álvarez, la sorpresa del dueño de esa unidad fue que después de pagar la multa de $57.14 en Sertracen el 28 de octubre, la empresa le entregó una hoja de verificación de documentos, en donde se lee: “Usuario se presenta consultar porque le decomisaron la tarjeta de circulación por falta 86, vehículo no posee línea asignada en sistema por lo que se le indica: que previamente debe acudir al VMT a consultar sobre la asignación de línea de la unidad. La tarjeta nueva se entregará cuando se encuentre autorizado con la línea por el VMT”.
La falta 86 es estacionarse en eje preferencial, y está tipificada como una falta muy grave.
Álvarez explicó que la observación de Sertracen contradice los documentos y los permisos firmados por la Dirección de Transporte Terrestre. “Tiene permiso de línea vigente, es el número 54536, está vigente hasta febrero de 2014, y ¿cómo es que no tiene asignado el permiso?”, se pregunta el represente legal ATT.
Otra de las irregularidades que denunció Álvarez es que desde julio la unidad de transporte no recibe compensación del subsidio. Es por ello que constantemente han solicitado al director general de Transporte Terrestre el pago del subsidio. “A partir de julio ya no pudieron cobrar el subsidio, ya no les apareció el pago de julio, agosto, septiembre y octubre”, acotó Álvarez. La unidad tiene una compensación de $400 mensuales.
El transportista de la ruta 107 presentó una solicitud el 2 de septiembre pidiendo el pago de la compensación. La respuesta fue emitida el 12 de septiembre, pero enviada hasta el 31 de octubre, y el funcionario de Transporte Terrestre resuelve: “Que se procedió a consultar el padrón de línea con que cuenta el VMT y se ha podido verificar que en el sistema no existe registro de permiso de línea AB81059”.
No conforme con la respuesta, el dueño del bus solicitó a la oficina de Información y Transparencia del VMT una explicación sobre el porqué no posee permiso de línea.
La respuesta la obtuvo el 19 de noviembre, en la carta le explican que la unidad se encuentra en un proceso de revisión por parte de la Dirección general de Transporte Terrestre debido a “denuncias” presentadas contra dicha unidad.
Además dice: “En el proceso de investigación se ha restringido todo tipo de trámite, así como la compensación”.
Según Álvarez, cuando se inicia un proceso de investigación la Dirección debe notificarle al transportista inmediatamente por qué está siendo acusado, y el busero tiene tres días hábiles para presentar pruebas de descargo. Sin embargo, a la fecha no ha recibido ningún tipo de notificación, dijo.
“La respuesta es de noviembre, y el problema del subsidio viene de julio, creo que cinco meses son suficientes para hacer una investigación de denuncia, aparte de eso tampoco se ha seguido el debido proceso de notificación”, dijo. Además, lamentó que en la carta emitida por Escamilla tampoco se aclare qué tipo de denuncia están investigando.
Álvarez acusa al VMT de “amedrentar” a los transportistas que no quieren ser parte del proyecto del cobro electrónico.
Aseguró que estas “arbitrariedades” no solo se están dando en la ruta 107 de La Libertad, la 101 A y 101B de Santa Tecla. “Estamos a punto de conseguir otras pruebas de otra ruta, a la cual ya le boicotearon el que pueda matricular su unidad, porque no ha firmado contrato con Subes”, comentó.
Alvarez aseguró que el 21 de noviembre interpusieron una demanda ante el Tribunal de Ética Gubernamental, contra el VMT porque las medidas que está tomando esa institución no tienen “respaldo legal”.
En ella exigen que se cumplan las resoluciones de permiso de línea y de incorporación al Sistema de Caja Única. Apelan que la medida de las autoridades es antiético debido a que ha sacado del sistema a la unidad sin ninguna razón legal y sin el procedimiento de ley respectivo.
Álvarez aseveró que el VMT está queriendo poner de “ejemplo” a algunas unidades sobre lo que les podría pasar si no son parte del cobro electrónico: “No es justo, no es solo en San Salvador, sino en donde ellos están queriendo implementar el proyecto”, argumentó Álvarez.
Si el Tribunal de Ética admite la demanda y declara que las medidas del VMT no tienen fundamento legal, Álvarez dijo que interpondrán en la Fiscalía General una demanda por actos arbitrarios e incumplimiento de deberes.