El decreto legislativo tenía falla de origen

La Sala Constitucional había advertido a Funes y la Asamblea cuando admitió los amparos.

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La terminal sólo funcionó tres días por temor de empresarios a sanciones de parte del VMT. fotos edh / roberto zambrano

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2013-11-08 7:00:00

El 24 de octubre de 2012 la Asamblea Legislativa aprobó con 47 votos las reformas que regularían la conformación de las Juntas Directivas de las instituciones autónomas que realizó el Presidente Mauricio Funes.

Las nuevas reformas permitirían a Funes a seleccionar e incorporar a los funcionarios del sector privado más competentes o los que él estimara conveniente.

Las modificaciones fueron aprobadas durante un “madrugón” con el respaldo de todos partidos políticos a excepción de ARENA.

Con la aprobación en el pleno avalaba a que Funes eligiera a ocho directivos de Insaforp y dejara afuera a todos los representantes del sector empresarial de las juntas directivas de las autónomas, entre ellas, el ISSS, Fondo Social para la Vivienda, Anda, Aviación Civil, Banco Central de Reserva e Istu, entre otras.

Sin embargo, la siguiente semana, la Sala admitió cerca de 27 demandas de amparo que presentaron los integrante de las juntas directivas.

La Sala de lo Constitucional admitió los referidos amparos y ordenó a Funes a no seguir realizando ningún nombramiento en las instituciones.

Un año después resolvió amparar a uno de las demandantes y se encuentra en estudio 27 casos más.

Empero, el 12 de noviembre de ese mismo año, el presidente Funes juramentó a 28 nuevos directivos de siete instituciones autónomas porque estas no entran en el listado de 11 entidades que les había restringido la Sala de lo Constitucional.

Los directivos nombrados en esa ocasión correspondieron al Centro Nacional de Registros (CNR), Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL), Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), Instituto Nacional de los Deportes (INDES), la Corporación Salvadoreña de Turismo (Corsatur), Instituto Salvadoreño de Turismo (Istu) y la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype).

En el referido acto, Funes no hizo mención a las restricciones que le había impuesto la Sala de lo Constitucional una semana antes.