La orden de cerrar siete sucursales de Farmacias Económicas, emitida por la Dirección Nacional de Medicamentos, siguió siendo fuente de polémica ayer.
Durante una entrevista matutina, el responsable de dicha dirección, Vicente Coto Ugarte, reprochó a Farmacias Económicas el hecho de haber mostrado a periodistas evidencia que contradice lo reportado por los inspectores de la Defensoría de Consumidor que visitaron dichas sucursales en mayor de 2012.
Según ellos, en seis sucursales encontraron medicamentos sin registro sanitario. Pero el martes Saúl Rosa, gerente general de Farmacias Económicas, mostró a este periódico documentos que prueban que los medicamentos sí estaban registrados.
Coto Ugarte recriminó a Farmacias Económicas haber mostrado esos documentos a periodistas y no haberlos enviado a la DNM antes.
Sosa explicó el martes que, al recibir el requerimiento de la DNM en agosto, no enviaron las pruebas porque primero le respondieron a la DNM cuestionando el inicio del proceso sancionador.
Pero ¿por qué? “Porque habían detalles técnicos (…) y nosotros consideramos que no estaba bien. La DNM nos responde en octubre a esos cuestionamientos y le volvemos a responder que no consideramos evacuados los cuestionamientos que le habíamos hecho en su momento”, detalló Rosa. Días después, la DNM responde notificando las sanciones.
El abogado de Farmacias Económicas, Federico Vilanova, explicó que “el problema de los emplazamientos (enviados por la DNM) es que en la Ley de Medicamentos se especifica una forma de hacer los emplazamiento”. Eso, a criterio del abogado, no fue hecho como lo especifica la Ley. Por ello, antes de desvirtuar las acusaciones, se decidió señalar que el emplazamiento había sido “mal hecho”. Según Vilanova, la DNM hizo caso omiso a esos señalamientos; pues, según el abogado, no respondió específicamente a las inquietudes expresadas. Por lo que se volvió a hacer hincapié en los señalamientos.
En palabras del abogado: “A nuestro juicio el procedimiento no había sido iniciado de la forma correcta. Lo que estábamos buscando era que se subsanara esto y se hiciera de forma correcta el juicios”.
Por ello los abogados enviaron una segunda respuesta reiterando los vicios que veían en el inicio del proceso. “¿Por qué no presentamos la documentación? Porque a nuestro juicio no estamos en esa etapa procesal porque no se había llegado a ella por haberse iniciado de forma defectuosa el proceso”, reiteró
El proceso, reconoció, sigue. Hay un juicio abierto contra Farmacias Económicas. “Tenemos la confianza en que ya al presentar la documentación (…) respecto a que sí existen los registros sanitarios (…) sus anualidades se pagan (…) Confiamos en que al presentar el recurso todo esto va a quedar atrás y se va a revertir la sanción, una vez tengan ellos a la vista la documentación que, de por sí, ya tienen”, concluyó.
Farmacias Económicas tiene hasta mañana para presentar los recursos ante la DNM. Mediante un comunicado de prensa, la empresa reiteró que todos los medicamentos que vende “cuentan con su registro sanitario respectivo”.
Tras explicar que 60 de los medicamentos cuyo registro sanitario fue puesto en duda por inspectores de la Defensoría del Consumidor son importados y siete son comprados en el país “a laboratorios y droguerías de prestigio” añaden: “No omitimos manifestar que la prueba documental que presentaremos está disponible en el archivo de registro de medicamentos que posee la misma Dirección Nacional de Medicamentos”.
Ayer por la mañana, mientras canal 21 mostraba la imagen de Miguel Lacayo, el director de medicamentos afirmó: “Lo que él presentó simplemente es la manera cómo desacreditar el proceso. Decir, mire, ustedes no tienen la competencia para hacerlo (…) En el tiempo para presentar pruebas, no aprovechó la oportunidad, terminó el proceso a finales de octubre. El jueves pasado teníamos lista la sentencia, el viernes nos reunimos con el equipo jurídico y decidimos que esta semana íbamos a proceder”.