La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ordenó ayer a la Secretaría de Cultura de la Presidencia y a la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural, “a no ejecutar ningún procedimiento pendiente para declarar como Bien Cultural el archivo de la Oficina de Tutela Legal”.
Los magistrados constitucionales también advirtieron que “ninguna otra autoridad estatal podrá ejercer o dictar actos que permitan el ingreso y acceso al archivo documental histórico”.
Con la resolución los magistrados Florentín Meléndez, Belarmino Jaime, Rodolfo González y Eliseo Ortiz, han protegido los documentos en poder de la Iglesia Católica.
Además advirtieron que la Iglesia Católica podrá brindar documentos del archivo “mediante una resolución judicial certificada de los documentos que se le requieran y que puntualicen en la petición judicial, sin que ello signifique que la escogitación de los documentos e inventario o registro debe ser realizada por personas distintas a la Iglesia Católica”.
También los magistrados ordenaron que la Iglesia “deberá adoptar medidas especiales de resguardo de la información que permanece en dichas oficinas, mientras se determina la situación definitiva por parte de esta Sala”.
La orden de la Sala de lo Constitucional se formuló tras admitir un amparo presentado por el Arzobispado de San Salvador por la presunta vulneración a la garantía institucional de autonomía de la Iglesia Católica y la vulneración de los garantía de los datos e informaciones de las víctimas que se encuentran en los archivos de la referida oficina.
Hace varias semanas la Secretaría de la Cultura de la Presidencia inició el trámite de declarar como Bien Cultural los archivos de Tutela Legal, después que el Arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, ordenó el cierre de la oficina por una presunta corrupción en el manejo de los documentos.
La Secretaría de Cultura dio un plazo de 10 días al Arzobispado para que realizara un inventario de todos los archivos.
Sin embargo, para el Arzobispado, el declarar Bien Cultural los testimonios de la víctimas, se estaría vulnerándolos artículos 26 y 2 de la Constitución de la República.
Para la Iglesia al declararse Bien Cultural los archivos, se pondrían al libre acceso de terceras personas ajenas al bien de las víctimas, lo cual podría poner en riesgo el derecho a la confidencialidad de los documentos.
Por su parte el Fiscal General, Luis Martínez, ordenó ayer eliminar la custodia que tenía desde hace tres semanas sobre los documentos.
Martínez dijo “que no se encontró ninguna información valiosa para las investigaciones que está realizando el Ministerio Público”.
“Después del trabajo que realizaron los fiscales y ver las circunstancias que se encontraban los documentos en Tutela Legal, la incomodidad de trabajo y todo ese desorden que existe no obtuvimos una información importante para las investigaciones que dieron pauta para el procedimiento”, dijo Martínez.
El Fiscal General declaró que tras una reunión con monseñor Escobar Alas, se acordó que ambas instituciones van a trabajar en las futuras investigaciones pendientes.
Martínez detalló que se indagan casos de masacres durante la guerra, homicidios cometidos por pandilleros y otros casos.