Trece de los 21 exfuncionarios señalados en el caso CEL-Enel se presentaron ayer al Juzgado 7º de Paz de San Salvador, para responder por la denuncia que la Fiscalía General de la República (FGR) ha promovido en su contra.
La Fiscalía General alega que supuestas negociaciones irregulares de exfuncionarios con la firma italiana Enel, para convertirlo en socio estratégico para la explotación de la geotérmica, ocasionaron pérdidas por más de 1,800 millones de dólares a la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica (CEL).
El Ministerio Público ha argumentado que este procedimiento no respetó el marco legal correspondiente.
Según la comisión investigadora, se irrespetó la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP). LaGeo llevó a cabo el procedimiento de búsqueda de un socio estratégico y, en este caso, seleccionó al consorcio internacional italiano.
Ayer, al comienzo de la diligencia el Ministerio Público, pidió a la jueza el sobreseimiento o exoneración de cargos definitiva de 12 de los 21 imputados. Estos serían Jaime Torres, Óscar Valdez, Roger Avilés, Carlos González, Mario Reyes, Agustín Castesol, Antonio Rodríguez, Porfirio Díaz, Carmen Paredes y Benjamín Iraheta.
Sin embargo, el Ministerio Público no los exoneró de su responsabilidad civil o pago económico por los daños supuestamente causados al país.
Los abogados defensores pidieron a la jueza que los funcionarios exonerados queden libres de indemnizar al Estado porque en el Código Procesal Penal no está clara la mecánica a seguir para imponer esa sanción.
La Jueza 7º de Paz, Evelyn Jiménez de Solís, por su parte, rechazó la petición de los defensores y determinó que la responsabilidad civil o pago de daños y perjuicios será determinada tres días después de que finalice el proceso penal.
En este mismo sentido, la jueza separó los procesos penales de los civiles, a petición de los abogados defensores.
Entre tanto la juzgadora rechazó que la Fiscalía fuera apoyada por un asesor o consultor financiero durante la audiencia, porque el mismo es empleado de la institución y la Ley lo prohíbe en esos casos.
Esos argumentos fueron expuestos por la mayoría de los defensores, por lo que la jueza les dio la razón en su resolución.
En el primer día del proceso judicial por el caso CEL-Enel, la Fiscalía ofreció los argumentos de su acusación. Durante más de dos horas la Fiscalía ofreció detalles de la trayectoria en que iniciaron las negociaciones de la explotación energética y cómo, según dijo, la empresa italiana acumuló poder al grado de alcanzar el 53 por ciento de su participación dentro de la empresa.
Los defensores reclamaron que no habían tenido acceso a las auditorías financieras en las que la Fiscalía General establece el monto total defraudado.
En ese sentido pidieron al Tribunal que les entregara una copia de ese informe para leerlo, entenderlo y analizarlo, de ser posible con un experto.
La jueza afirmó que esa documentación que llegó al tribunal el jueves por la tarde solo tiene el sello de recibido, pero sobre el mismo aún no ha emitido su resolución.
Más de 25 abogados participan en la defensa de los exfuncionario de gobierno y ejecutivos vinculados a la transnacional.
El abogado Mario Machado afirmó que como no encuentran qué delito atribuirle a su defendido lo acusan de complicidad en peculado, a pesar de no haber figurado como funcionario público.
“Yo lamento que estemos llevando esto a extremos. Lamento que mi Fiscalía, donde estuve trabajando 12 años, la estén utilizando para estos fines”, afirmó el abogado defensor.
Jorge Simán, uno de los señalados, afirmó que a él lo están acusando “por haber cumplido con la Ley. Nosotros confiamos en la justicia y en las instituciones del Estado”.
Cinco de los involucrados fueron representados por sus abogados. Solo en el caso de Paolo Prieto y Jaime Luis Torres no asistieron a la audiencia porque las autoridades judiciales y fiscales no tuvieron manera de notificarles, pues residen en el exterior.
En estas dos personas, la jueza 7º de Paz afirmó que resolverá en su ausencia con base en la acusación que hay contra ellos.
Los señalados en este proceso son exfuncionarios de la Comisión Ejecutiva del Río Lempa, ejecutivos y asesores financieros vinculados a la transnacional italiana, quienes son procesados por los delitos de peculado (enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos) y falsedad material agravada (alteración de documentos públicos).
Nueve de los 21 señalados son Guillermo Alfredo Sol Bang, Jorge José Simán Zablah, Miguel Ernesto Lacayo, Julio Alberto Olano Noyola, Carlos Jacinto Chavarría Aguilar, Thomas Roy Hawk Baker, José Ricardo Palomo Deneke, José Vicente Machado Calderón y Pedro José Escalón Pacas.
De acuerdo con las investigaciones, estos funcionarios formaban parte de la Junta Directiva de CEL durante la época que se estableció el socio estratégico para la explotación de la energía geotérmica del país.
El coordinador fiscal de la investigación del caso, Saúl Morales, dijo que hay otros involucrados en el caso, pero que por haber prescrito los delitos (cesado la persecución) no serán procesados.
Para hoy se espera que siga la audiencia en el juzgado 7º de Paz de San Salvador. Las autoridades judiciales han establecido que iniciará a las 8:30 con nuevos alegatos de las partes.