Decenas de policías y soldados fueron desplegados ayer en las urbanizaciones Popotlán y Valle Verde, del municipio de Apopa, para verificar que las viviendas no estén habitadas por pandilleros o cualquier otra familia que las haya usurpado.
La verificación es parte del operativo Casa Segura que la Policía Nacional Civil (PNC) echó a andar hace un par de semanas luego de El Diario de Hoy señaló que en varias colonias, los pandilleros o parientes de éstos han ocupado varias viviendas de personas que han emigrado a otros lugares huyendo del clima de inseguridad.
Un día después de que este Diario publicó que en la Comunidad Raúl Rivas Vásquez, de Mejicanos, los mareros presionaron a algunos habitantes para luego ocupar ellos las casas, la PNC hizo un espectacular despliegue para corroborar la investigación periodística.
Posteriormente lo hicieron en la colonia Montelimar, municipio de Olocuilta, La Paz, donde no hallaron casas ocupadas ilegalmente por pandilleros pese al evidente dominio de esos grupos en el lugar y a denuncias de vecinos de esa comunidad.
Veneración a la muerte
Durante el operativo de ayer, las autoridades policiales encontraron una decena de casas usurpadas algunas por parientes de miembros de la mara 18 y otras que eran utilizadas como casas “destroyer”, esto es, guaridas donde planifican o cometen toda suerte de crímenes.
Una de esas casas, la Policía encontró un altar erigido para venerar a la muerte.
La imagen de un esqueleto humano, una guadaña, velas y otros artilugios estaban alrededor de la imagen, así como libros para aprender a hacer brujerías, según informaron policías que hicieron el hallazgo.
El altar fue removido por las autoridades quienes dijeron que, además, el lugar era utilizado por los pandilleros para realizar cultos satánicos.
Al término del operativo, la policía informó sobre la detención de Rosalino Isidoro Flores Henríquez, de 26 años, así como de un menor, Gustavo N., de 16 años, quienes supuestamente son miembros de pandillas.
La policía explicó que durante las actividades que realizan casa por casa lo hacen para obtener información sobre los habitantes, para corroborar que los inmuebles estén habitados de forma legal, ya sea como propietarios o como inquilinos.
Sin embargo, al hallar a una familia que no demuestre que es dueña o inquilino legítimo, no pueden detenerlos o expulsarlos. Lo que hacen es redactar un acta e informar a la Fiscalía General de la República para que procedan.