El 25 de septiembre, una decena de usuarios del transporte urbano colectivo de Managua se plantó con pancartas frente a las oficinas de la empresa Mpeso para protestar por la imposición de un sistema de pago con tarjetas electrónicas como única modalidad aceptada para usar alguno de los 835 buses que prestan ese servicio en la capital.
Aunque el grupo fue seguido y observado de cerca por un grupo de motorizados (similar a los que agreden a manifestantes opositores y a los ancianos que reclamaban una pensión reducida), el grupo se abstuvo de golpear a los reclamantes, quizás a causa de la presencia de los medios de comunicación que cubrían la actividad.
Desde el principio, la decisión de entregar a Mpeso una concesión sin licitación generó un reclamo generalizado en contra de la empresa. El rechazo fue mayor en la medida en que se conocían sus métodos. Uno de ellos, que pidieran tanta información: nombre del usuario, número de cédula, número de teléfono celular, ingreso mensual, nombre del sitio donde trabaja y cargo que ocupa, además de inquirir si el cliente tiene familiares que ocupen puestos gubernamentales. ¿Para qué?
Mientras preguntaba tanto, Mpeso se negaba a responder a los ciudadanos.
¿Por qué hay tanto desorden en la entrega de las tarjetas? ¿Por qué habilitaron sólo cuatro sitios en toda la ciudad para entregar hasta 450,000 tarjetas? ¿Qué harán con toda la información que están recopilando acerca de los ciudadanos? ¿A quién le reclamo si hago una recarga y luego el “validador” (la maquinita lectora) indica que no tengo fondos?
Y si el bus se descompone, ¿permitirán que los usuarios suban a la siguiente unidad sin pagar de nuevo? ¿Quién devolverá los montos no utilizados a los usuarios que llegan de los departamentos y tienen que comprar una tarjeta desechable con un monto mínimo de quince córdobas (seis pasajes) si no usan todo el monto disponible? ¿Y si la empresa quiebra, quién devolvería los montos no utilizados?
La falta de respuestas fue tan fastidiosa para la ciudadanía que el mismo 25 de septiembre, la Bancada Democrática (integrada por los partidos parlamentarios de oposición) solicitó a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional que se nombrara una comisión especial para investigar el caso.
La iniciativa tampoco obtuvo respuesta.
Luego de cuatro meses de operaciones, las tarjetas de Mpeso van imponiéndose poco a poco. La gente, que reclama en sus casas o empleos, sale más temprano para tratar de abordar un bus mixto (que es como se llama a las unidades que admiten pago con tarjeta o con efectivo, cuyo número sigue disminuyendo), y se limita a reclamar al conductor cuando el validador indica que la tarjeta no tiene fondos, aunque se le haya hecho una recarga el día anterior.
Aunque parece que nadie hace nada, eso no es cierto.
El grupo de motorizados sí actuó la mañana del 11 de octubre en contra de un grupo de ciudadanos que protestaban en una de las entradas a la ciudad.
Sin previo aviso, unos 50 hombres que viajaban en motocicletas arrolló a los manifestantes, les quitó las mantas y pancartas y disolvió la protesta.
Esa vez fue la Policía Nacional la que aplicó la ley del silencio. A pesar de su reconocida efectividad no han podido dar con ninguno de los 50 encapuchados, pese a que tienen videos, fotografías y testimonios para iniciar su labor de investigación.