En un hecho inédito y que dio de qué hablar el martes, la diputada Ana Vilma de Escobar encaró y recriminó al presidente de la Corte de Cuentas, Rosalío Tóchez, cuando en rueda con periodistas éste hablaba de supuestas anomalías cuando ella fue directora del Seguro Social, en el periodo de 1999 a 2003.
Al final, el funcionario aclaró que no la estaba acusando y que si hubiera cargos contra ella ya la hubiera encausado judicialmente.
Específicamente Tóchez decía al inicio que en ese lapso hubo anomalías por $17 millones. La conferencia estaba siendo transmitida en vivo por televisión.
Repentinamente, De Escobar apareció, pidió entrar al salón y se sentó a la par de Tóchez. “Con todo respeto, señor presidente, anoche usted hizo declaraciones poco serias, y en la televisión su ‘digo, pero no digo’, su ‘acuso, pero no acuso’ mancha mi imagen como funcionaria pública. Sus declaraciones me parecieron poco serias. Si llegaba usted a acusar, entonces hágalo con toda la firmeza, pero si no, no llegue a manchar la imagen de una funcionaria pública”, dijo De Escobar, en referencia a una entrevista televisiva brindada el lunes por Tóchez.
Ecuánime pero firme, la legisladora dijo sentirse víctima de “violencia política”. “Dice que los casos que tiene han prescrito, pero echa lodo sobre mi imagen en un momento político, y eso a mí me preocupa muchísimo. Daña a una profesional, daña a una servidora pública, daña a una mujer”, manifestó De Escobar.
En respuesta, Tóchez afirmó que no ha acusado a la diputada tricolor, sino que ha revelado que esas auditorías fueron encajonadas por administraciones anteriores de la Corte de Cuentas y qué él sólo las ha sacado a la luz.
Según Tóchez, esas anomalías están contenidas en 138 expedientes que el ente contralor ha detectado recientemente, pero ya prescribieron (pasó el tiempo para perseguirlas penalmente).
“Yo en ningún momento la he acusado. Acabo de aclarar que no le voy a manchar su nombre, pero tengo que decir en qué estado se quedó y quiénes fueron (los funcionarios durante esos hallazgos)”, dijo Tóchez.
El titular del ente contralor dijo además que hay otros $5.2 millones en auditorías cuyos casos ya prescribieron, en los que están involucrados otros exfuncionarios como el exministro de Hacienda, Juan José Daboub; el viceministro de Vivienda, Carlos Roberto Barillas, y el exministro de Justicia, Francisco Bertrand Galindo.
La diputada De Escobar insistió que el caso es parte de una persecución política dirigida por “algunos funcionarios de segundo grado que debían haber tenido una posición más seria” y que “han hecho ataques directos disfrazados de juegos de palabras, investigaciones y acusaciones parciales, buscando desprestigiar a los políticos como yo”.
No obstante, Tóchez dijo que no se está prestando a un juego político con el caso, ya que a su juicio le costó llegar al cargo de presidente de la Corte de Cuentas. “No es cierto que estoy jugando a la política. Bien saben que por político no he venido, me costó. Bueno, ellos mismos (ARENA) fueron a votar a última hora y les agradezco, pero no les debo nada. Yo también soy honesto”, acotó.
De Escobar pidió al funcionario que cumpliera con su rol de perseguir la corrupción.
—Muchas gracias también por expresarle a los medios que usted no tiene ningún señalamiento contra mí, que me considera una persona honrada y yo no he robado nada —dijo la legisladora.
—Estoy que lo confirmo. Si lo hubiese afirmado, licenciada, le juro que la tuviera en los tribunales —respondió Tóchez.
—Y yo, señor, me hubiera hecho presente —replicó De Escobar.
Ante el caso, la dirigencia de ARENA denunció ayer que el partido está siendo objeto de persecución política y de un ataque institucional de parte del presidente de la Corte de Cuentas, Rosalío Tóchez, el FMLN y del presidente Mauricio Funes.
El presidente del Coena, Jorge Velado, negó que él y el vicepresidente tricolor, Ernesto Muyshondt, hayan llegado a la oficina de Tóchez a amenazarlo, tal como él lo afirmó ayer en la rueda de prensa.