La diputada por ARENA, Ana Vilma de Escobar, lanzó ayer públicamente un llamado a la Fiscalía General de la República y a la Policía Nacional Civil para que investiguen al presidente Mauricio Funes y del expresidente Tony Saca por considerar que sus ingresos no son suficientes para justificar el estilo de vida que ostentan.
“Una persona que teniendo un salario de periodista, que todos ustedes (los reporteros) conocían su estilo de vida, hoy día tiene un estilo de vida ostentoso, de lujo, él y sus familiares” dijo, aunque aclaró que no tiene pruebas.
“Yo no tengo prueba de nada, yo lo que le estoy diciendo es lo que se mira, y según la ley de extinción de dominio, que acaba de ser aprobada, no es a mi a quien corresponde investigar”, añadió.
“Cuando usted veía como ciudadano que un funcionario público tiene un estilo de vida y dice bueno yo conocí a ese fulano y él ganaba tanto, y en su gestión tiene un salario de tanto… Entonces usted simplemente pide que se investigue cómo es que esa persona tiene eso”, agregó la exvicepresidenta.
También denunció que cada funcionario debe explicar cómo es que adquiere determinados bienes, y que es obligación de la Fiscalía y de la PNC en base a la denuncia del ciudadano, investigar eso cuando ya la ley de extradición de dominio esté ya sancionada.
Sobre el estilo de vida del expresidente Tony Saca, fue tajante al afirmar que “no es que lo sostenga, sino que todo funcionario público debe ser probo, muy honesto”, aseguró.
De Escobar agregó que “yo lo que estoy diciendo que él, que hay funcionarios públicos que tienen un estilo de vida que no es acorde con los ingresos que tienen… He mencionado lo que se menciona muchísima gente a nivel de las redes sociales que tiene una casa muy lujosa, muy grande y que muchos se preguntan, bueno, será que la ha construido por sus propios medios o qué es lo que ha hecho”.
Por su parte el presidente Funes reaccionó afirmando que De Escobar violenta los derechos de los demás, diciendo cualquier cosa, amparándose en el fuero legislativo. “Una señora que se ha quejado que ha sido violentada en sus derechos, violenta los derechos de los demás, al decir lo que quiera en base a la inmunidad que le da el Parlamento por ser parlamentaria”.
“Ella debería mejor renunciar a la inmunidad política y permitir que se investigue los supuestos más de $11 millones que fueron mal manejados durante su administración”, arremetió Funes.