Antonio Rodríguez Rivas terminó su gestión como gerente de la empresa geotérmica LaGeo en 2008 y a partir de 2010 trabaja para una empresa canadiense de energías renovables.
Desde inicios del año, cuando trascendió la posibilidad de que fuera llamado a testificar en el litigio nacional e internacional entre el actual gobierno y la empresa italiana Enel —socia de LaGeo—, Rodríguez contrató a un abogado. Fue él quien le notificó ayer (lunes) que su nombre está en la lista de presuntos “cómplices” en lo que la Fiscalía General de la República ha determinado como peculado.
“No he podido ver todo el requerimiento de la Fiscalía, pero lo que he hablado con mi abogado, las acusaciones en mi contra son por peculado, pero si ve todos los argumentos, no le dan soporte. En todo caso lo que presentan son interpretaciones, supuestos errores en el proceso de adjudicación y la selección del socio estratégico, así como faltas a la LACAP (Ley de Adjudicaciones y Contrataciones de la Administración Pública)”, dijo Rodríguez en una entrevista vía Skype.
Añadió que en su momento, y como parte de su administración, se contó con la opinión de la empresa auditora internacional KPMG, quien analizó las implicaciones legales y contables del contrato. “Hizo algunos señalamientos, pero en general dijo que estaba bien el proceso. Ese documento se le dio a la Fiscalía”, aseveró.
Respecto a la evaluación realizada tanto por la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa y la Fiscalía General de la República, Rodríguez afirma que se trata de “diferencias de opinión legal”. “No se puede decir que hubo delito, no se puede decir que hubo peculado y mucho menos que a Enel se le va a hacer un embargo preventivo de mil millones de dólares”, criticó.
Sostuvo que el especial informativo publicado este lunes por El Diario de Hoy expone el meollo del asunto en el caso de la energía geotérmica en El Salvador: la defensa de los intereses del Estado y la política de precios bajos de la energía.
“De 2002 a 2008, hasta que me fui de LaGeo, Enel estaba de acuerdo en mantener los precios bajos y ahora, el gobierno (de Mauricio Funes) dice que el contrato fue lesivo para los intereses del Estado”.
El reporte especial de El Diario de Hoy revela los acuerdos directivos de LaGeo para impulsar el sobreprecio de la energía geotérmica. “El actual gobierno interpreta que el interés nacional es sacar la mayor cantidad de dinero posible de LaGeo para pasárselo al INE, por lo cual Enel es un estorbo”, dice Rodríguez.
Agregó que en su época al frente de la geotérmica interpretaron que proteger el interés nacional era obtener la mayor cantidad de energía al menor costo posible, lo cual se lograría con la inversión aportada por el socio estratégico. “Además eso no es fácil, existen otras variables, como lo que dicta el mercado. Ahora resulta que pretender criminalizar la visión política de ese momento es una persecución política a unos cuantos meses de las elecciones”, afirmó.
Aseguró que en su administración la producción de energía geotérmica se aumentó de 400 GWh a 1400 GWh, los primeros 500 GWh, es decir, de 400 a 900, antes que llegara Enel, y de 900 a 1400, después de la llegada de Enel. Los precios iban subiendo, pero aún por debajo de la tasa de inflación porque tenían controlados los precios de producción. “(El actual gobierno) ha triplicado los precios de venta. ¿Quién está haciendo las cosas bien por el pueblo?”, cuestionó.
Según el análisis hecho por su abogado, partiendo del mismo documento que le fue entregado por la Fiscalía, Rodríguez Rivas saldría beneficiado por la prescripción del delito del cual se le acusa.
Pero él no está conforme. Afirma que todas las personas señaladas por la Fiscalía son honorables. Ya emprendió la estrategia para defenderse jurídicamente en El Salvador y se ha contactado con la Interpol para hacerles saber su intención de colaborar.