La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se encuentra a la espectativa del fallo que podría dar la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con relación a la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz.
En un comunicado, el referido organismo señala que “el Estado de El Salvador debe de asegurar que la Ley de Amnistía no represente un obstáculo para la investigación de las graves violaciones de los derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado, ni para la identificación, juzgamiento y eventual sanción de los responsables de los mismos”.
Agrega la CIDH que “esta obligación vincula a todos los poderes y órganos estatales en su conjunto, los cuales se encuentran obligados a ejercer un control “de convencionalidad” ex officio entre las normas internas y la Convención Americana”.
Los magistrados constitucionalistas estudian un recurso de inconstitucionalidad a la referida ley admitido el 20 de septiembre de 2013. Los demandantes argumentan que la Ley en cuestión “viola disposiciones de la Constitución en cuanto a la forma (artículos 85 y 135) puesto que no se respetaron los requisitos de publicidad, contradicción, libre debate y discusión del procedimiento legislativo”. Además varios artículos de la Ley violenta los artículos 2, 12, 131 y 144 de la Constitución, según los demandantes.