Minutos antes que sus colegas de la Sala de lo Constitucional anularan el nombramiento del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Salomón Padilla, el funcionario había aceptado ante los diputados de la Comisión de Hacienda ceder $8. 2 millones en el plan de gastos de la institución proyectado para 2014, para ser distribuidos en otras entidades.
Esa suma de dinero podría ser reasignada por los diputados para honrar el pago del escalafón de los trabajadores de Salud, Educación y contratos colectivos de otras instituciones como Gobernación, dinero que por ley debe pagarse pero que el Ejecutivo no pudo asignar a las partidas de esas entidades y que ha provocado las protestas en las calles de los médicos en las semanas pasadas.
Corte con 244 plazas más
La Corte ha considerado para el próximo año contratar a 244 nuevos empleados. Según Padilla son plazas necesarias para ampliar los servicios que brinda la Corte, pero no especificó qué tipo de atención será.
De estos, al menos 174 personas serán contratadas por ley de salario y 70 por contrato. Lo anterior fue cuestionado por el diputado del PCN, Mario Ponce.
Padilla informó que de los $262 millones que prevén para 2014 de su presupuesto, $171 se destinan al pago de salarios, es decir, que solo $91 millones se ocupan para el funcionamiento de la CSJ.
Ante esto, la diputada Carmen Elena Calderón de Escalón, de ARENA, criticó que la Corte esté solicitando $8 millones adicionales a lo que constitucionalmente les corresponde que es el 6 % del Presupuesto General de la Nación, ya que aseguró que a la fecha la CSJ apenas ha ejecutado el 50 % de los fondos que le fueron asignados para este año.
Mariella Peña Pinto, de ARENA, cuestionó que la CSJ le ha destinado menos recursos económicos al Instituto de Medicina Legal. “Será por pleitos”, le recriminó la legisladora tricolor.
Otro de los cuestionamientos fue la cantidad de asesores que tienen los magistrados. Padilla dijo que él no cuenta con ninguno, pero que si hay “asistentes y resolutores”.