La Ley General de Electricidad de 1996 definió un mercado eléctrico competitivo, que permitía la libre entrada de agentes del mercado para generar y comercializar electricidad.
El mercado se definió en los primeros nueve capítulos, y luego el Capítulo X – “Disposiciones Transitorias”, define cómo se hará para llegar al punto en que el mercado funcione normalmente. Puesto que un mercado no puede funcionar cuando hay monopolios o cuando el poder está muy concentrado en pocos agentes, la Ley manda a CEL a reestructurarse en varios operadores (Art. 119).
El mismo artículo define que “a las sociedades que constituya CEL como resultado de su reestructuración, no le serán aplicables las disposiciones legales sobre constitución de sociedades por acciones de economía mixta.”
La Ley manda la reestructuración en sociedades, y el Art. 120 continúa: “Las sociedades resultantes de la reestructuración de la CEL y que tengan como giro normal de operaciones, la explotación de las instalaciones de la citada institución, deberán recibir de la SIGET las respectivas concesiones cuando sea el caso, dentro de los noventa días posteriores a la fecha de su constitución.” La Ley manda a CEL a reestructurarse en sociedades anónimas que serían concesionarias, y que después competirían en el mercado en igualdad de condiciones con otros operadores. Se formó GESAL (luego LaGeo) y operó como una sociedad anónima regida por la Ley General de Electricidad y el Código de Comercio.
CEL se convirtió así en dueña de como 17 millones de acciones de LaGeo. En 2001- 2002, se buscó a un socio estratégico para que invirtiera en la sociedad y la hiciera crecer, en El Salvador e internacionalmente.
El socio haría crecer el valor económico de los 17 millones de acciones de CEL, sin necesidad de comprometer fondos del Estado que podrían ser usados para otros fines.
El socio estratégico se encargaría de agregar valor, porque esto es lo que tienen que hacer los empresarios y gerentes, por la naturaleza de su trabajo: aumentar el valor. Después de un proceso público se escogió a la italiana ENEL (Ente Nazionale per l’energia ELettrica), porque tenían la capacidad técnica y económica para hacer que LaGeo creciera, así como la voluntad de expandirse en la región.
Por supuesto, una relación entre socios debe manejarse y cuidarse. La relación con Enel fue pésimamente manejada durante la administración Salume/Saca, y después empeoró bajo el actual régimen. En vez de discutir las diferencias de opinión para llegar a acuerdos, como sería lo normal en cualquier sociedad, se recurrió a artimañas y triquiñuelas para anular al otro, para joderlo, para darle largas a las decisiones, para negarle sus derechos. Se usaron una miríada de pretextos: que no era el momento político, que los problemas con una maquinaria de General Electric imposibilitaba que se pudiera tener una relación normal entre socios, etc… Eventualmente, los italianos se cansaron del jueguito, y recurrieron al arbitraje internacional. Y, por supuesto, ganaron. Los árbitros vieron a través de las cortinas de humo, y rechazaron todos los argumentos de CEL. En realidad, da vergüenza al leer el laudo, la pobreza y bajeza de los argumentos que presentó la CEL/INE (INE es la Sociedad Anónima a la cual, sin autorización de la Asamblea, la Junta Directiva de CEL traspasó sus acciones en LaGeo). Los árbitros tienen toda la razón en haberle otorgado el laudo a Enel, como resulta evidente a cualquiera que lea el documento de 240 páginas que constituye el laudo. Luego CEL/INE piden la nulidad del laudo, bajo el argumento que los árbitros se equivocaron. Como era previsible, el Tribunal de Apelaciones de París ratificó el laudo, y condenó a CEL a pagar una multa.
Hasta el fallo del Tribunal de Apelaciones de París en 2012, nunca se levantó el argumento que el contrato con Enel había sido estafa o fraude, ni un caso de corrupción. Esos argumentos, con los que se pretende ahora meter a la cárcel a un grupo de personas honestas, surgieron solo después que CEL/INE perdió un arbitraje y un juicio de nulidad, y ahora el gobierno está frente a una nueva demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial CIADI, que seguramente van a perder, otra vez. Las acusaciones sin fundamento que se están emitiendo son de tinte puramente político, y constituyen un vergonzoso e irresponsable caso de persecución política, que se han venido a inventar once años después de ocurridos los hechos. Ambas administraciones (de Saca y Funes) tuvieron amplia oportunidad de denunciar este caso oportunamente ante tribunales imparciales. ¿Por qué, si todo el proceso fue público, anunciado en los periódicos con bombos y platillos, hasta ahora vienen a decir que se trató de una “privatización encubierta”? El gobierno está recurriendo a cacerías de brujas para no cumplir con el laudo, con obvios fines electorales, y la Fiscalía se está prestando a este juego político. Nuevamente, es vergonzoso.
(*) Gerente General de LaGeo de enero 1995 hasta julio 2008.